"Como Secretaría Anticorrupción aportamos en la identificación, incautación y decomiso de estas 15 propiedades ubicadas en las provincias de Guayas (oeste), Esmeraldas (noroeste), Orellana (noreste) y Pichincha (donde se encuentra Quito), que pertenecían a exfuncionarios y contratistas de Petroecuador", afirmó Granda a través de su cuenta de la red social Twitter.
Un total de 15 propiedades, entre casas, departamentos, oficinas y terrenos, pasan a nombre del Estado, agregó.
Desde febrero de 2019, fecha de creación de la Secretaría Anticorrupción, "se ha logrado la recuperación de 18 millones de dólares a favor de los ecuatorianos, y que, por disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, serán destinados al área de atención social", informó ese organismo en un comunicado.
El escándalo de Petroecuador salió a la luz por los papeles de Panamá, en los que se reveló que varios funcionarios estaban involucrados en una red de sobornos, que nació durante la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, la más grande del país.
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Distintas empresas habrían sobornado a empleados públicos a cambio de obtener contratos con el Estado e incluso habrían incurrido en sobreprecios en varias obras, según las investigaciones.