"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes. Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha", señalan fuentes del Gobierno en declaraciones a los medios.
El Gobierno español solicitó más información sobre este grupo de trabajo, que depende de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y asegura que usa informaciones "incorrectas".
"Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia. Además, consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española", apuntan desde el Ejecutivo español.
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Según el informe, las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas "en favor del referéndum del 1 de octubre" y no concentraciones destinadas "a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".
Entre otras cuestiones, también "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
"Por razones como estas", apuntan desde el Gobierno de Pedro Sánchez, "el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".
Ante esta situación, España hace un llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".
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Varios líderes independentistas catalanes se encuentran en prisión preventiva desde 2017 mientras se desarrolla en el Tribunal Supremo el juicio para dilucidar la posible comisión de diversos delitos, entre ellos el de rebelión, por parte de las personas que encabezaron el proceso independentista catalán que llevó al referéndum de 2017.