"Ante la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto Cártel de Medellín y otra evidencia recopilada, la Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias 'Maxwell', investigados por el homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza", señaló la Fiscalía en un comunicado.
El organismo indicó que "de acuerdo con los elementos materiales probatorios", ambos habrían tenido conocimiento e incidido en la planificación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador, de Bogotá.
"Sobre alias 'Popeye' hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del Cártel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen", precisó la Fiscalía.
El organismo añadió que, al parecer, "Maxwell" hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador, y que esa información "habría terminado en manos del grupo de sicarios" que asesinó al periodista el 17 de diciembre de 1986 mientras se trasladaba del trabajo a su residencia.
La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que sea efectiva en el momento en el que "Popeye" cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar (norte) La Tramacúa.
"Popeye", quien quedó en libertad en 2014 tras pasar 23 años en prisión por los crímenes cometidos cuando lideraba el grupo de sicarios del capo Pablo Escobar, se encuentra en La Tramacúa desde el 28 marzo de 2018, luego de que se descubrió que integraba grupos de extorsión y de que amenazó a varios seguidores del hoy excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro.
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En tanto, la fiscal del caso dispuso para "Maxwell" medida no privativa de la libertad, que contempla presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición para salir del país, entre otras medidas.
El crimen de Guillermo Cano Isaza fue declarado de lesa humanidad en 2010.