"Estados Unidos entiende que existe un proceso de apelación sobre la decisión de la JEP (tribunal de paz). Como Estado requeriente de la extradición, Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente", indicó la Embajada de ese país en Bogotá a través de un comunicado.
Agregó que la decisión de la JEP, "ni posibles decisiones en el futuro, cambian el hecho de que un Gran Jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó al señor 'Santrich' por presuntamente conspirar para enviar diez mil kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018".
La decisión de no avalar la extradición de 'Santrich' fue calificada como "lamentable" por la Embajada, que subrayó que "Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia" y que los delitos de los cuales se acusa a 'Santrich' se produjeron después del 1 de diciembre de 2016, es decir, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que violó el mismo y puede ser sujeto de extradición.
Por último, la Embajada subrayó "la importancia y lo esencial de la relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que ha promovido los intereses de la justicia en ambas naciones durante décadas".
La decisión de la JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de La Habana para juzgar a militares, excombatientes de FARC y terceros que financiaron el conflicto armado) significa que el exguerrillero deberá cumplir en el país con los compromisos adquiridos tras la firma del Acuerdo Final de Paz, como la reparación de víctimas, la contribución a la verdad y la garantía de no repetición.
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'Santrich', uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta abril de 2018.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, 'Santrich' no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, que emitió el fallo a su favor.
En una decisión inédita, la JEP, a través de la Cancillería colombiana, reclamó a EEUU "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de 'Santrich', lo que, a juicio de varios sectores políticos y analistas colombianos, viola los principios internacionales, según los cuales Colombia no evalúa o cuestiona las pruebas que asegura tener otro país.
La decisión de reclamar a EEUU las pruebas contra 'Santrich' fue votada a favor por los magistrados de la JEP Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo, lo que también generó división al interior del tribunal, ya que las magistradas Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez se apartaron de esa medida.
A juicio de ambas magistradas "la decisión desconoció la autoridad judicial extranjera y los tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional, pues dudó de la legalidad del indictment presentado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York".
Dicho de otro modo, a juicio de las magistradas López y Rodríguez "controvertir el indictment invade la jurisdicción penal" de EEUU con el fin de dar curso a un procedimiento penal ordinario paralelo, lo cual es impropio del trámite de extradición.
Por su parte, el Departamento de Estado de EUU rechazó en su momento la petición de la JEP tras considerar que todas las pruebas en contra de 'Santrich' estaban citadas en la petición de extradición.
La decisión de no extraditar a 'Santrich' será apelada por la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), que en un comunicado dijo que considera que el caso debe ser decidido por la Corte Suprema de Justicia.
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La decisión de la JEP de no extraditar a 'Santrich' provocó las renuncias del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de la vicefiscal General, María Paulina Riveros, y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.