"Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta", reconoció la expresidenta chilena, según una nota divulgada por la oficina de prensa de la Acnudh.
En tal sentido, la funcionaria instó al Gobierno de Nicaragua a asegurarse de que sus fuerzas de seguridad garanticen los espacios para la reunión pacífica y la opinión, y que tomen medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza.
"Las violaciones registradas durante el año pasado incluyen la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno", señaló Bachelet.
Para la Alta Comisionada, tales acciones y el hecho de que nadie rinde cuentas por los excesos de las fuerzas de seguridad, "han avivado las tensiones en el país en lugar de reducirlas".
Al respecto, la expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), manifestó su preocupación por informes sobre las duras condiciones en las cárceles y centros de detención, y llamó a poner a las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos en el centro de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica.
En su comunicado, Bachelet repitió el discurso de la oposición sobre el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados, lo cual socava la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la crisis social, política y de derechos humanos en Nicaragua.
"La solución a la crisis debe abordar las fallas institucionales y fortalecer el estado de derecho", agregó la alta comisionada.
Las conversaciones entre Gobierno y oposición finalizaron oficialmente el 3 de abril pasado, pero ambas partes han mantenido encuentros informales, con el auspicio del Vaticano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) como garantes internacionales del diálogo para superar la actual situación.
Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".
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Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno informó el 9 de abril que mantiene reuniones informales con los delegados de la opositora Alianza Cívica, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en varios puntos medulares de su agenda.