"Él [Guaidó] no goza de inmunidades y privilegios, es decir que, si hay una decisión de un tribunal de detenerlo, se procede, se puede detener, ya que ha sido suspendido el goce de la inmunidad y privilegio del que gozan estos altos funcionarios", dijo el legislador en entrevista con esta agencia.
"Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia", indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Esta decisión se tomó luego de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitó a ese órgano, constituido como un supra poder y con el objetivo de reformar la Constitución, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
"Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez", señaló Moreno el lunes.
"El que entendió, entendió", repitió en varias ocasiones el máximo representante de la constituyente, tras la aprobación unánime del decreto en el que si bien no especificó que se levantaba la inmunidad parlamentaria a Guaidó ordenó a que se continuara el enjuiciamiento.
Estado de derecho
Ortega destacó que ahora el TSJ y la Fiscalía General pueden someter a Guaidó a un proceso penal ordinario.
"Ese decreto autoriza, exactamente, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria; el órgano legislativo le levanta la inmunidad para que él pueda continuar su juicio de una manera expedita, sin gozar de privilegios que le da la Constitución a los funcionarios, no para delinquir, sino para realizar su trabajo parlamentario", añadió.
"A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar, no nos desesperemos, vamos poco a poco, se llega, y muy lejos se llega, sin desesperarnos", agregó.
Este paso para Ortega, es "muy importante" porque, a su juicio, deja en claro que en su país existe un estado de derecho.
"Eso evidencia que en Venezuela hay un estado de derecho y que las instituciones republicanas están funcionando; él tiene una investigación, pero esa investigación debe realizarse conservando y observando el debido proceso", sostuvo.
El allanamiento de la inmunidad parlamentaria, explicó el constituyente, era clave para que continuara el proceso judicial como "lo establecen las leyes de la República".
Cabello, por su parte, explicó que si la Asamblea Nacional no hubiese sido declarada en desacato por el TSJ a mediados de 2016, correspondería a esos parlamentarios decidir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria; pero añadió que al estar al margen de la ley, el tema le compete a la Constituyente.
La fiscalía general tiene en curso dos investigaciones contra Guaidó, una por la usurpación de funciones del ejecutivo y traición a la patria, y la otra por presuntamente estar involucrado en el apagón que se registró el pasado 7 de marzo.
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De acuerdo con lo dicho por el Gobierno, el corte de energía, que afectó a gran parte del país, fue provocado por un ataque cibernético y de pulso electromagnético ejecutado desde Estados Unidos.
Sin embargo, como el pasado 22 de febrero salió del país, el pasado 1 de abril el TSJ le aplicó una multa de 200 unidades tributarias, equivalentes a 10.000 bolívares (moneda local) o unos tres dólares (similar al valor de medio cartón de huevos en Venezuela).
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A ello se suma una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso el pasado jueves la Contraloría General de Venezuela por no justificar el origen de sus fondos para realizar viajes fuera y dentro del país.
El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral en desacato desde 2016.
El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como alegó Guaidó.