"El jefe del Ejecutivo dio instrucciones a todas las agencias para que verifiquen y revisen todos los contratos suscritos y eliminen disposiciones onerosas que podrían ser perjudiciales para la vida de los filipinos", declaró el portavoz de la Presidencia, Salvador Panelo, citado por este medio.
La tarea se encomendó a la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y los departamentos legales de todas las agencias gubernamentales que, además de una revisión, deberán "hacer algo al respecto, ya sea rescindir o cancelar esos contratos o demandar a las personas que están detrás de los contratos que sean inconstitucionales", dijo Panelo a CNN Philippines.
A finales de marzo pasado, el juez Antonio Carpio advirtió que los activos patrimoniales de Filipinas se están utilizando como garantía en un proyecto financiado por China, el de la presa Kaliwa en Rizal, al este de Manila, así como en un proyecto de irrigación en la cuenca del río Chico.
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Para Carpio, los respectivos empréstitos "solo son el comienzo porque hay varios proyectos por un importe total de 12.000 a 24.000 dólares".
Según este medio, la directiva presidencial aparentemente está relacionada con la crisis del agua que afecta a partes de Gran Manila y la provincia Rizal, y de la que Duterte responsabiliza a la agencia gubernamental de acueductos y alcantarillado (MWSS, por sus siglas en inglés) y a dos concesionarias de agua, Manila Water y Maynilad.