"Hemos puesto todo nuestro empeño para la reconciliación y la paz de Colombia. Nuestro compromiso con las víctimas es total. Por eso defendemos la JEP (Jurisdicción Especial de Paz). Ésta es el camino para una justicia que permita sanar las heridas de la guerra", dijo en su cuenta de la red social Twitter el líder de FARC Pablo Catatumbo.
El exguerrillero participó en una de las cuatro marchas que se llevaron a cabo en Bogotá.
En otras ciudades del país como Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Bucaramanga (nordeste), Cartagena y Barranquilla (norte) también se llevaron a cabo concentraciones en plazas públicas para defender la JEP.
Las marchas, que comenzaron a las 17:00 hora local (22:00 GMT), fueron convocadas por partidos políticos de la oposición, entre ellos los izquierdistas FARC y Colombia Humana, y por el centro-izquierdista Alianza Verde; tuvieron lugar el día en que el Congreso comenzó a tramitar las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP.
El jefe de Estado indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.
Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la entonces guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 y restarle competencias al tribunal.
"Porque exigimos la verdad y la justicia para tener garantías plenas de vida en los territorios. ¡La JEP no se objeta, la JEP se respeta!", dijo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su cuenta de Twitter, en la que se observan videos de los manifestantes que marcharon por algunas vías de Bogotá.
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La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, por lo que su paso por el Congreso retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.