El llamado fue hecho por el vicefiscal de la CPI, James Stewart, quien señaló que de no ser sancionada la ley, "podría constituir un revés" y ese organismo tendría que "considerar sus implicaciones".
Según manifestó, la CPI confía en que la Fiscalía General de Colombia y la JEP "puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias", por lo que resaltó la importancia "de que la JEP tenga un marco legal definido".
Varios sectores políticos se oponen a que Duque avale la ley estatuaria, entre ellos el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), máximo líder del partido oficialista Centro Democrático, al cual pertenece Duque.
Martínez además sostiene que la forma en la que está planteada la ley permitiría eximir de responsabilidades penales a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento de la CPI se da luego de que el martes el Gobierno colombiano anunció que evalúa la posibilidad de presentar algunas objeciones a la ley estatuaria de la JEP, tribunal de paz mediante el cual se juzgan a excombatientes de FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado interno.
En la actualidad más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, han firmado actas con la JEP y de estos, en su mayoría, han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
La ley estatutaria de la JEP establece mecanismos claros para hacer seguimiento a estos beneficios y evaluar si el compareciente ha aportado a la verdad plena, reparado a las víctimas y ha garantizado la no repetición.
Pese a que la Corte Constitucional ya estudió la ley y le dio su aval en 2018, la misma aún no entra en funcionamiento debido a que Duque no la ha sancionado y ha dicho que se tomará hasta el 8 de marzo (día en el que vencen los veinte días de plazo) para tomar una decisión.