"A lo largo del procedimiento judicial se han producido múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos que no nos permiten confiar en la celebración de un juicio justo", dijo Torrent en una declaración institucional ofrecida este 7 de febrero.
Entre esas doce personas —que enfrentan acusaciones por rebelión, sedición, malversación y desobediencia— destacan figuras como el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
En su declaración institucional de este 7 de febrero Torrent denunció una "persecución penal" contra "representantes del pueblo de Cataluña" por "haber puesto en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político del país".
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A su modo de ver, esa "persecución" es causante de una "crisis democrática sin precedentes que amenaza los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, no sólo los independentistas".
"No podemos aceptar que se criminalice la disidencia política ni que se persiga como delito el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Hoy somos los independentistas los que nos sentamos banquillo, pero mañana podemos ser las feministas, los antifascistas, los ecologistas o los sindicalistas", afirmó.
Ante las dudas del independentismo sobre las garantías del juicio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este 7 de febrero en un discurso ofrecido desde el Consejo Europeo en Estrasburgo que España es una "democracia plena" y que la independencia judicial y el estado de derecho "no están en cuestión".