Ubicada en la Patagonia, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional y cuarta reserva de petróleo no convencional en el mundo. La actual administración del presidente Mauricio Macri ha puesto muchas fichas en su explotación como un recurso para dinamizar la tormentosa economía del país, incluso a través de subsidios a las empresas que inviertan en el proyecto.
Tecpetrol, subsidiaria de la compañía Techint, la empresa con mayores extracciones (más del 70%) y, por ende, la que recibe los mayores aportes estatales, amenazó con entablar acciones legales, con millonarias pérdidas potenciales para el erario público. Su producción (17,5 millones de metros cúbicos por día) duplicó lo estimado (8,5 MMm3/d) y el gas no convencional que esté por fuera del cálculo se pagará con un precio sin estímulo.
La Resolución 46 fue firmada por el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren en 2017 y establecía que a las empresas que presentaran proyectos de producción incremental en la cuenca de Neuquén se les reconocería un precio diferencial. A fines de 2017, el Gobierno validó ocho proyectos y dejó en estudio otros ocho, que finalmente fueron descartados ayer de la posibilidad de acceder a estos subsidios.
"En ese programa, para los años 2018 a 2021, iba a regir un precio estímulo que estaba en línea con lo que es el precio de paridad de importación. Resulta que la resolución no establecía ningún límite volumétrico como techo, que es lo que alega Techint", explicó a Sputnik Gustavo Lahoud, experto en Relaciones Internacionales y asesor legislativo en Energía y Política Exterior.
Tanto Techint como la empresa estatal YPF anunciaron que esta medida los obligará a reducir las inversiones en Vaca Muerta. El Estado tiene como límite un presupuesto de 700 millones de dólares para subsidios en Vaca Muerta para el corriente período fiscal.
Como paliativo a las empresas rechazadas, el Gobierno analiza implementar mecanismos de mercado para compensarlos, es decir, subiendo el precio del gas durante la época otoñal e invernal, donde la demanda aumenta exponencialmente, lo que afectaría las tarifas de los usuarios, "que terminan pagando los platos rotos", dijo Lahoud.
Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2015, la actual administración optó por reducir los subsidios del Estado a los servicios públicos para adecuarlos al precio del mercado, con el objeto de eliminar las ayudas a los consumidores para 2020.
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Entre 2016 y abril de 2018, el gas en red se ha incrementado 1.261%, el agua sin medidor 956% y la electricidad 1.435%, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Al descontento popular por el aumento de tarifas, se suman las polémicas por la calidad de los servicios. Durante los picos de consumo por el calor estival, el tendido no da abasto, y vastas zonas de la capital argentina