"Resulta propicio alertar al sistema de prevención (…) sobre los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo en dicha jurisdicción", señaló la UIF en su alerta, según la agencia estatal Télam.
La alerta fue emitida al sector financiero y bancario a fin de que los 100.000 "sujetos obligados" (miembros adheridos a la UIF) emitan un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para "todas las operaciones realizadas o tentadas" que se relacionen con los 96 funcionarios venezolanos o contra las 24 empresas públicas de ese país.
Entre los funcionarios que denuncia el ente antilavado se encuentran, además de Maduro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramirez, el exministro de Educación Elías José Jaua, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello y el vicepresidente de este último organismo Tareck El Aissami.
En el listado también figuran firmas de agroalimentos, como Bonuela, la Comercializadora de Suministros Regionales del Caribe y Venezolana de Exportaciones e Importaciones.
Como organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que trata de prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, la UIF concretó esta medida dos días después de la visita oficial del presidente argentino, Mauricio Macri, a su par brasileño, Jair Bolsonaro.
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El Gobierno argentino ya había advertido al Ejecutivo de Venezuela que prohibió el ingreso a su territorio de integrantes de alto nivel de la administración liderada por Maduro.
En paralelo, también instruyó a la UIF para que emitiese una "alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano", dijo el pasado miércoles el ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno de Macri sólo reconoce la Asamblea Nacional que encabeza el legislador Juan Gaidó como único órgano legítimo de Venezuela.