"Los años de la injerencia extranjera abusiva, han comenzado a terminar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es historia, y va quedando en la memoria de los guatemaltecos como otro experimento fallido de la ONU [Organización de las Naciones Unidas]", afirmó Arzú del Partido Unionista (centroderecha) en su discurso de asunción.
Además, "considerando lo sucedido" con la CICIG propuso "la necesidad de replantear los términos bajo los cuales mantenemos las relaciones con las Naciones Unidas y sus diferentes organizaciones adscritas, otros países lo están haciendo, ¿por qué nosotros no?".
Arzú anunció que una iniciativa que debe ser aprobada por el Congreso es la de reformas a la ley de ONG.
Ese cambio en la normativa tendrá como fin "lograr la fiscalización del dinero que proviene del extranjero y la rendición de cuentas de estas a sus donantes y la ciudadanía, y que no se inmiscuyan en ámbitos que no les corresponden".
"Para todo guatemalteco es más que evidente que la falta de regulación ha convertido a estas organizaciones en el instrumento de intervención y manipulación de poderes ajenos a nuestra patria", agregó.
El 7 de enero, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin en 24 horas al acuerdo con la ONU que creó la CICIG, anuncio que ya había hecho ese mismo día la canciller Sandra Jovel luego de reunirse con el secretario general del organismo internacional, António Guterres.
Por su parte, la CC de Guatemala otorgó el 9 de enero el amparo provisional que congela la decisión del Gobierno de suspender en forma anticipada el mandato en el país de la CICIG.
En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.