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Fiscalía de Ecuador se abstiene de acusar a 5 imputados en causa de exsecretario de Correa

QUITO (Sputnik) — La Fiscalía General de Ecuador (FGE) confirmó ante la Corte Nacional de Justicia que se abstiene de acusar a cinco de los nueve procesadas por el presunto delito de peculado en el caso que investiga a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
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"Al no encontrar elementos de convicción suficientes, FGE presentó a Corte Nacional dictámenes abstentivos a favor de Elsa V, Vanessa S, Marco B, Javier L. y Juan Ch, procesados por presunto delito de peculado", dijo la fiscalía en su cuenta de la red social twitter.

Los dictámenes fueron favorables a Elsa Vivanco, gerente General de la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda; Vanessa Salgado, exdirectora Administrativa del Talento Humano; Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Innovación y Nuevos Medios; Javier Lemos, excoordinador Administrativo Financiero; y Juan Chiriboga Arteta, excoordinador Administrativo Financiero de la Secretaría de Comunicación.

El 23 de enero se realizará la audiencia preparatoria de juicio en contra del resto de procesados: Fernando Alvarado; Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación; Galo Pachecho, exsubsecretario de Medios Institucionales; y Carlos Bravo, representante de la Compañía Productora Gota Azul Corpoazgo S.A.

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La acusación respectiva la realizó la Procuraduría General del Estado el año pasado luego de analizar un informe de la Contraloría en donde se determinaron indicios de responsabilidad penal luego de analizar los gastos generados y procesos de contratación efectuados en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos que se realizaban en el Gobierno de Correa.

El informe de Contraloría abarcó el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

Los enlaces semanales los realizaba la Secretaría de Comunicación cada semana en diferentes provincias y eran transmitidos en cadena de radio y televisión.

Alvarado abandonó Ecuador el pasado 19 de octubre tras retirarse un dispositivo electrónico que permitía su localización y debía usarlo de manera obligatoria.

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Actualmente el exfuncionario, prófugo de la justicia, tiene una orden de prisión preventiva en su contra así como la prohibición de enajenar sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

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