La CC resolvió "dejar sin efecto la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala", indica la resolución, que otorga el amparo provisional solicitado por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El 7 de enero, el presidente Jimmy Morales dijo en conferencia de prensa que su Gobierno decidió poner fin en 24 horas al acuerdo, anuncio que ya había hecho ese mismo día la canciller Sandra Jovel luego de reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres.
Morales afirmó que la CICIG incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país y para eso presentó a una familia de origen ruso que afirmó que fue afectada por la Comisión tras pasar por un proceso judicial injusto.
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En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.