De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de noviembre pasado un total de 423 líderes fueron ultimados en el país, "siendo el 2018 en el que mayor número de homicidios se han cometido (164), luego el 2016 (133) y el 2017 (126)".
Sin embargo, las cuentas son diferentes para quienes viven la violencia en carne propia.
"En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia [ONIC] se cuentan 92 indígenas asesinados en lo que va corrido de este año, 42 de los cuales se han cometido desde que inició el gobierno de Iván Duque", el pasado 7 de agosto, dijo el senador indígena Feliciano Valencia al diario local El Espectador.
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Para la Defensoría, la situación de los líderes sociales es aún más aguda en el departamento del Cauca (suroeste), donde este año han sido asesinados 30 de ellos, mientras que en Antioquia (noroeste) los asesinatos ascienden a 24, Norte de Santander (nordeste) a 18, Valle del Cauca (suroeste) a 12, Nariño (suroeste) a 11 y Meta (centro) a 10, por citar solo algunos.
Plan del Gobierno
La aguda situación llevó al Gobierno central a lanzar el Plan de Acción Oportuna (PAO), mediante el cual busca implementar medidas rápidas por parte de las entidades que tienen competencias en materia de protección a defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales.
"La finalidad de este plan (…) es encontrar una visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas en el territorio", dijo en días pasados la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Asimismo, la funcionaria explicó que para cumplir con el objetivo se articularán 18 entidades que tienen en sus manos adelantar el programa que permita prevenir acciones violentas contra los líderes sociales y tomar medidas de protección.
Los líderes sociales defienden sus tierras frente al avance los cultivos ilícitos, ya que varias de ellas integran programas estatales de sustitución de los mismos, frente a lo cual se oponen los grupos armados, que a su vez buscan dominar las hectáreas y hacerse con rutas del narcotráfico.
El enfrentamiento entre grupos armados se ha intensificado luego de que las antiguas FARC firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno en noviembre de 2016, lo que dio paso a la desmovilización de por los menos 7.000 guerrilleros, quienes abandonaron los territorios que ahora se disputan tales grupos y que dejan a los líderes en medio del conflicto.
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Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) señalan que en Colombia la siembra de cultivos ilícitos se incrementó 17% entre 2016 y 2017, por lo que al final de ese año se contabilizaron 171.000 hectáreas de matas de coca.
La paz
Las muertes de líderes sociales también se dan en las ciudades por cuenta de la defensa que varios de ellos hacen a la implementación del Acuerdo de Paz, la cual avanza a media marcha.
En tanto, las investigaciones tampoco parecen avanzar como deberían, pues según reportes del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, solo en el 30% de los casos se ha detenido a los presuntos responsables.
La Fiscalía, por su parte, alega que no hay impunidad, ya que ha esclarecido el 55% de los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos desde 2016, pero no se basa para ello en las cifras de la Defensoría del Pueblo, sino en las entregadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cifra las muertes en 183 casos a agosto de 2018.
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Según el organismo, del total de muertes reportadas por la ONU, 90 ya fueron esclarecidas por los investigadores, mientras que se han producido 18 condenas con sentencias en firme, en 30 procesos se han formulado imputación de cargos y en 24 se han radicado los respectivos escritos de acusación.
El pasado 28 de noviembre, en el marco de la primera visita al país del primer ministro de Holanda, Mark Rurte, líderes sociales de Urabá (Antioquia) pidieron al Gobierno central que continúe con la implementación del Acuerdo de Paz para que, entre otras cosas, se logre reducir las muertes de líderes y defensores de derechos humanos en el país.
"Solo quienes hemos vivido el conflicto en carne propia podemos ansiar la paz de corazón", dijo en esa oportunidad la defensora de Derechos Humanos, Carmensa Álvarez, según recogió el diario local El País.
Implementación significativa
Pese a tal escenario, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame (EEUU), calificó en agosto pasado de "significativo" el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia al compararlo con los de otros países.
El instituto evaluó los primeros 18 meses del proceso de implementación, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2018, y dio cuenta de que 61% de los compromisos entre el Gobierno y las FARC está en proceso de implementación o ha sido implementado completamente, mientras que el 39% restante sigue pendiente.
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Sin embargo, el reporte no hizo referencia a la situación de los líderes sociales, quienes temen de que la lista de sus muertos siga en aumento.