"Por mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales, de junio a octubre en todo el país, se han destruido más de 10.000 armas de fuego, más de 114 toneladas de narcótico en forma sólida y 25.500 litros en presentación líquida", dice el reporte de la fiscalía federal.
La fiscalía federal informó que, en su momento, hará transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de dos toneladas y media de productos de la "piratería", mientras que a la Defensa Nacional le serán transferidas 1.250 armas de fuego para que sean destruidas.
"Estos objetos tras ser asegurados por autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, se resguardan en las bodegas de indicios" de los fiscales federales.
Por su parte, el delegado de la PGR en el estado de Baja California (noroeste) dijo en una ceremonia de incineración y destrucción de 12 toneladas de droga y 59 máquinas tragamonedas en la ciudad de Tijuana, fronteriza con EEUU, que la acción es parte del programa Bodegas Vacías.
El agente federal al frente de la delegación de ese estado fronterizo con EEUU, Victorino Porcayo Domínguez, dijo en el acto de incineración en esa región, fronteriza con la ciudad estadounidense San Diego, California, que "se cumplieron los objetivos trazados" por la dependencia federal.
Esos objetivos son "disminuir riesgos de seguridad y salud; evitar que grupos criminales recuperen material asegurado; hacer uso más eficiente de infraestructura, liberar espacios en bodegas; y optimizar recursos económicos y humanos", puntualizó el informe.
Al acto asistió el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega, quien expresó que este evento "simboliza el esfuerzo entre gobierno y sociedad" contra el crimen organizado, al tiempo que exhortó a continuar trabajando para combatir esos delitos del fuero federal, fortaleciendo la coordinación de las instituciones de gobierno de seguridad y justicia.
El acto ocurre a pocos días de la toma de posesión del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que presentará al Congreso un proyecto para regular la producción y el mercado de marihuana, y el uso médico de la amapola, que es la materia prima de los opioides, además de crear una Guardia nacional militarizada.