"Vamos a modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto", dijo Pedro Sánchez en rueda de prensa.
Una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 18 de octubre estableció que debían ser los bancos quienes asumieran este impuesto.
Según estimaciones del Gobierno, esto hubiera dado pie a que los usuarios reclamaran a las comunidades autónomas —la autoridad encargada de recaudarlo— unos 5.000 millones de euros, cantidad que después la administración exigiría a la banca.
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Sin embargo, un día después de la emisión de esta sentencia, el Tribunal Supremo decidió paralizarla y someterla a revisión porque suponía un "giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y porque la decisión tenía una "enorme repercusión económica y social".
Si el Real Decreto impulsado por el Gobierno es aprobado en el Congreso de los Diputados, serán los bancos quienes asuman ese impuesto en un futuro.
Sin embargo, la ley no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que la acción del Gobierno no evitará que las entidades financieras se libren de abonar las cantidades que podían ser reclamadas de acuerdo con la sentencia del 18 de octubre.