"El fiscal general vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las FARC, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático", dijo el Consejo Nacional de Reincorporación de la FARC en un comunicado con fecha del 25 de octubre, pero difundido este día 26 de octubre.
La FARC sostiene que "a la fecha se ha puesto a recaudo de las autoridades 255.041 gramos de oro, 2.114.300.000 pesos en efectivo (667.600 dólares), 450.000 dólares, 205 bovinos, 19 mulares, 134 carreteras, 211 coordenadas de bienes inmuebles, y 742 equipos varios", los cuales están avaluados aproximadamente en 132.325.462.300 pesos (41 millones 783.000 dólares).
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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ha investigado propiedades, refugios y expedientes de testaferrato de la antigua guerrilla que le ha llevado a calcular el inventario de ese grupo en 2,3 billones de pesos (767 millones de dólares), los cuales nunca fueron declarados al Estado en el proceso de desmovilización y desarme para la reparación de las víctimas.
Aunque en su comunicado la FARC sostiene que "este patrimonio habrá de destinarse al fondo para la reparación de las víctimas y la reincorporación de exintegrantes de las FARC", en el fondo la discusión es si los bienes no inventariados y que están en extinción de dominio deben destinarse a la reparación de las víctimas o si el dinero pasa a manos de la Fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Consejo Superior de la Judicatura.
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Para la Fiscalía, ese hecho muestra que la FARC no tiene intención de reparar a las víctimas, incumple con sus obligaciones del Acuerdo de Paz y por eso sus líderes pueden perder sus beneficios y ser llevados ante la justicia ordinaria.