En una ceremonia con honores de la Primera Brigada de la Policía Militar, la bandera nacional fue izada a media asta con una guardia encabezada por el titular de la cartera federal de Gobernación, Alfonso Navarrete, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, líderes del Senado, la Cámara de Diputados, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar.
La ceremonia recordó la muerte de decenas de estudiantes, cientos de heridos y más de un millar de detenidos que permanecieron encarcelados durante más de tres años, en un ataque combinado de fuerzas federales, cuyo resultado sigue hundido en la polémica.
La represión la encabezaron militares del ejército que utilizaron taquetas y otras armas de guerra, ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos México 68.
Un corresponsal del diario británico The Guardian reportó en octubre de 1968 un total de 325 fallecidos, parte de una controversia insoluble que llegó a cifrar hasta en 500 los asesinatos.
Una investigación reciente de Susana Zavala, publicada en la prestigiosa revista Proceso, identifica como víctimas de los dos meses de protestas estudiantiles a 78 muertos, 44 de ellos en la Plaza de Tlatelolco.
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Como Movimiento del 68 se conoce a la protesta juvenil libertaria que duró unos dos meses en defensa de la autonomía universitaria, contra la represión y la intervención gubernamental en asuntos académicos, durante el régimen autoritario que marcó la llamada "guerra sucia" que se prolongó con acciones contrainsurgentes focalizadas y selectivas hasta los años 1980.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hará una guardia de honor en la Plaza de Tlatelolco, oficialmente llamada de las Tres Culturas.
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Un decreto presidencial indica que cada 2 de octubre debe izarse la bandera nacional a media asta en plazas y oficinas gubernamentales de todo el país y en las embajadas y consulados en el exterior.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, expresó que "mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968", dijo en un pronunciamiento su oficina en México.
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