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Silencioso y tóxico: así es el asesino que sigue matando en el mayor parque industrial de Chile

¿Qué debería pasar en Chile para terminar con la desmedida emanación de gases tóxicos que está enfermando y matando a las poblaciones de Quintero y Puchuncaví desde hace 30 años? Terminar con las emanaciones significaría pérdidas millonarias para el país y algunos empresarios, pero también garantizaría la salud de los pueblerinos.
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En menos de un mes 700 personas llegaron intoxicadas a los centros de salud de Quintero y Puchuncaví, de la región de Valparaíso. La mayoría de los enfermos eran niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

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Hoy se sabe que fueron intoxicadas por sustancias químicas altamente nocivas con nombres difíciles que ellos pronuncian como quien dice pan: nitrobenceno, tolueno, dióxido de azufre y metilcloroformo. Pero todavía no se conoce de dónde provienen las emanaciones.

"No se sabe el origen. No se sabe si las enfermedades son producidas por el arsénico, plomo, el cadmio, el cromo, el cobre o la mezcla de ellos, o si tiene algo que ver con la humedad en el aire, o con otras condiciones metereológicas, […] por eso la emergencia es tan grave, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando", explicó a Sputnik Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental.

El 23 de agosto los lugareños amanecieron viendo, oliendo y sintiendo malestares. En el cielo había una nube amarilla de gases tóxicos. Algunas personas que estaban barriendo la tierra de la calle cuando la nube pasó se quemaron la piel.

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En la bahía de Quintero está instalada el parque industrial más grande del país. Por eso es  la bahía más protegida de toda la costa chilena. Estratégicamente es muy importante para toda la industria: es la que está abierta la mayor cantidad de días del año.

Desde finales de la década de 1950 allí se instalaron una treintena de fábricas con diversos fines: funden cobre, lo refinan; hay un complejo termoeléctrico que funciona a carbón y otro a gas, también está instalado el puerto granelero de carbón y concentrado de cobre, una cementera, una industria química, etcétera.

"Alrededor de este lugar ha muerto gente por décadas. Literalmente", advirtió a Sputnik Eduardo Jara, abogado de la organización Campomar.

Para Donoso uno de los "principales problemas" es que, a pesar que desde hace más de medio siglo están las industrias, la normativa chilena es "muy escasa y regula pocos contaminantes, que además están establecidos con estándares muy inferiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud", apuntó.

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A su vez, señaló que "hay un universo gigantesco de contaminantes que no están regulados, que sabemos que están en la bahía por los proceso productivos de las empresas y por los síntomas de las personas", aunque no se sabe cuál es la magnitud ni la relación sinérgica que se produce entre los contaminantes una vez fuera de las industrias, las chimeneas o los ductos, agregó.

Entre las sustancias que intoxicaron a los habitantes se encontró metilcloroformo (que está prohibida en el país). El cóctel de sustancias, o las sustancias solas, o quién sabe qué, es lo que genera graves deterioros en la salud de las personas, dijo Jara.

"Han habido abortos espontáneos, al menos ocho casos constatados, y en embarazos, daños neurológicos directos en el embrión. Hay cuatro niños que han perdido la movilidad en su piernas. Además hay daños que no se pueden constatar ahora, pero según los estudios científicos respecto a estos químicos y productos que fueron encontrados en la nube tóxica, provocan cáncer, daños genéticos, neurológicos", explicó.

El jueves 27 de septiembre se decretó la tercera alerta sanitaria en la zona, pero por primera vez se ordenó la paralización de ocho de las 17 empresas del parque industrial, con el objetivo de detener las emisiones de dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y otros elementos contaminantes.

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"Todos los gobiernos, desde la dictadura hasta hoy, han ocultado información y han evitado que se hagan monitoreos, estudios, análisis de lo que está pasando", aseguró Jara.

"Eso conlleva a un nexo causal que permitiría a todas las personas y familias que han sido afectadas históricamente, abuelos muertos, tíos, papás, hermanos muertos, actuales enfermos de cáncer, poder demandar", señaló.

Jara considera que el Estado chileno está enfrentado la situación de la misma forma que siempre: "con secretismo". Las medidas que ha tomado buscan "no afectar la producción de la planta industrial, porque es algo que produciría mermas económicas tremendas, por eso están dispuestos a aceptar que gente muera, que niños estén expuestos a morir o tener daños a la salud de semejante envergadura", concluyó.

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