El exgobernador, que se había declarado culpable, permanecerá entre las rejas hasta 2026, habida cuenta del plazo contado desde su arresto en abril del año pasado. También deberá abonar una multa de 58.890 pesos (unos 3.000 dólares) y será despojado de 41 propiedades adquiridas ilegalmente, entre ellas varias parcelas en el estado de Campeche, así como departamentos e inmuebles en la Ciudad de México.
Una investigación financiada por el organismo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló por primera vez en mayo de 2016 que Duarte le entregó casi 35 millones de dólares entre 2012 y 2013 a una red de empresas falsas, presupuestados como ayuda a damnificados.
Este mecanismo fraudulento se habría repetido en 2014, cuando otros 26 millones de dólares fueron asignados a 19 "empresas fantasmas", según los contratos encontrados.
El 13 de octubre de 2016, un juez federal ordenó el arresto por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero pocos días después el exgobernante se fugó en un helicóptero y cruzó a Guatemala.
Finalmente, en febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación, reveló que, entre 2011 y 2015, Duarte no comprobó el destino de unos 1.800 millones de dólares.
Tras las acusaciones federales, el político llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) que lo expulsó en octubre pasado.