Durante este tiempo breve pero intenso, Sánchez y su equipo han ido acumulando sonadas rectificaciones en trances como la introducción de un impuesto a la banca o la reducción del gasto militar.
El caso saudí ha enfrentado a Sánchez y a otros cargos políticos a sus propias contradicciones, explotándoles incluso en la misma cara.
Además: Cómo el príncipe heredero de Arabia Saudí creó su propio ejército
El lunes 3 de septiembre el Ministerio de Defensa anunció que iba a anular la venta a ese país asiático de 400 bombas de precisión láser, susceptibles de ser empleadas contra la población civil en la guerra de Yemen.
Ese contrato se cerró en 2015 durante la pasada Administración española, dirigida por el Partido Popular, de tendencia conservadora. Las bombas, de fabricación estadounidense, forman parte de los excedentes de la Fuerza Aérea Española y permanecen almacenadas en una instalación militar en Aragón. Se trata de un material muy sofisticado y difícil de conseguir en el mercado internacional por lo que representa un valor estratégico para los militares saudíes.
Tema relacionado: Yemen: cuando matar a niños es "legítimo"
Las organizaciones pacifistas y defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Intermon, aplaudieron ese gesto inicial, pero el asunto se torció de inmediato. Los medios de comunicación desvelaron que, a modo de respuesta-venganza, el reino alauí amenazaba con cancelar un importante contrato de 1.813 millones de euros para construir, desde finales de este año, cinco corbetas tipo Avante 2200 en los astilleros de Navantia, propiedad del Estado.
El contrato, que prevé nada menos que siete millones de horas de trabajo y la construcción de una base en Arabia Saudí, se había perfilado durante la visita a Madrid en abril del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, a quien las autoridades hispanas dispensaron los honores de un jefe de Estado. La firma se concretó en julio después de tres años de intensas negociaciones.
Te puede interesar: ¿Dejará España de vender armas a Arabia Saudí tras el ataque terrorista en Barcelona?
Arabia Saudí es el principal comprador de armamento de la industria española fuera de la Unión Europea (UE) y la OTAN, el quinto si se incluyen todos los países aliados y europeos. España exportó en 2017 a Riad material de Defensa valorado en 270 millones de euros, lo que incluía un avión de transporte, repuestos para aeronaves, aviones no tripulados o drones, granadas de mortero y munición de artillería.
El Gobierno regional andaluz, de mismo signo político que el nacional, mostró abiertamente su malestar y preocupación por la posibilidad de que se rescinda el multimillonario acuerdo comercial. La presión ciudadana la exteriorizó, incluso, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', también entró en el debate. "Me duele muchísimo cuando los derechos humanos entran en colisión con otros derechos humanos que es el derecho al futuro y el derecho a que suene el pito de la olla en tu casa. Por tanto, es un elemento absolutamente doloroso", aseguró.
El regidor gaditano, un miembro muy popular de la formación de izquierdas Podemos, apuesta por "un modelo de desarrollo productivo que no dependa exclusivamente de la industria militar", centrado en las energías renovables. 'Kichi' lamentó que haya que decidir "entre fabricar armas o comer", "entre defender el pan o la paz". Complicado dilema moral.
Más: Madrid pide respeto al "proceso de democratización" en Arabia Saudí
Acuciada por estos frentes, la ministra de Defensa, Margarita Robles —a quien parte de la oposición ya ha pedido la dimisión—, tuvo que dar explicaciones en el Senado, donde declaró que la venta de las bombas no estaba suspendida sino en "fase de estudio". Robles, muy próxima a Sánchez, rectificó así la inesperada decisión unilateral de la semana pasada, y declaró que el Ejecutivo no tenía ninguna constancia, "más allá de alguna maledicencia", de que el contrato para la venta de las cinco corbetas estuviera vinculado a "ningún otro".
"A este Gobierno y a esta ministra le resulta profundamente irresponsable que se pueda introducir el miedo en el cuerpo a los trabajadores de Navantia en San Fernando", subrayó Robles visiblemente enfadada.
El propio Gobierno central lanzó un mensaje de tranquilidad. La Moncloa —a través de su portavoz, la ministra Isabel Celaá, y de otras fuentes consultadas por la prensa—, rebajó la cancelación a una simple "declaración de intenciones" no consumada, manifestó que "no habrá represalias saudíes" e insistió en que no dejará solos a los trabajadores de Navantia. No tuvo mucho éxito, porque los piquetes no se han desactivado. El colectivo laboral no se fía. Estos son los efectos de una política errática y cortoplacista.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK