"La JEP brindará toda la colaboración y apoyo para que se adelanten cuanto antes las diligencias necesarias para esclarecer esta situación, seguros de que se harán con el pleno respeto y garantía de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia", dijo Linares en un comunicado.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la fiscalía adelantaron una inspección judicial en la sede principal de la JEP en Bogotá en la cual se les notificó a tres funcionarios de ese tribunal la investigación que pesa contra ellos por presuntamente ocultar información sobre la salida de tres excomandantes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de los lugares en los que permanecían.
La propia JEP informó que entre los investigados se encuentra la secretaria ejecutiva de ese tribunal, Martha Lucía Zamora, así como dos funcionarios adscritos a su despacho, pero ninguno de los magistrados que la componen.
La JEP comenzó a operar en marzo pasado, como parte de los mecanismos establecidos en el acuerdo de paz con las FARC para juzgar crímenes no amnistiables cometidos por agentes del Estado y excombatientes que participaron del conflicto armado, así como a terceros que lo financiaron.
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"La Jurisdicción Especial para la Paz seguirá cumpliendo a cabalidad y con toda la dedicación y esfuerzo con las funciones a su cargo, siempre haciendo prevalecer los derechos de las víctimas y el acopio de la verdad plena", agregó Linares en su comunicado.
Entre los líderes de FARC cuyo paradero se desconoce están el exjefe negociador Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez ("El Paisa") y Henry Castellanos ("Romaña").
Los excombatientes tienen libertad para movilizarse por el territorio colombiano; varios de ellos desistieron del esquema de seguridad que les brinda el Estado.
Para la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, que sigue el proceso de paz, los excombatientes han incumplido sus obligaciones contraídas con la firma del Acuerdo de Paz al abandonar los espacios en los que se concentraban.
En un comunicado emitido el 6 de este mes, la Misión observó que, sin embargo, los aproximadamente 1.500 excombatientes que residen en los ETCR siguen viviendo, estudiando y trabajando allí, comprometidos con el proceso de paz.
El 10 de septiembre, una decena de integrantes de la Comisión de Paz del Senado viajó, con acompañamiento de la ONU, al Caquetá (sudoeste) para indagar sobre el paradero de Iván Márquez y otros líderes.