"Este es un triunfo histórico de la justicia, es un triunfo histórico de los derechos humanos y consideramos que de esta manera lo que ha hecho la jueza es sumarse al pedido y al clamor del Ecuador, de América y del mundo, de que se debe dar una respuesta humanitaria al tema de la migración", dijo el defensor público del país Ernesto Pazmiño, tras conocer la resolución.
Para Benavides, la tarea hora es afrontar el reto "entre todas las instituciones y todo el país para construir procesos claros de convivencia, de solidaridad", pues "este caso nos está llamando a eso, es un caso que nos confronta con una crisis humanitaria y frente a la cual es importante encontrar el sentido de lo humano".
El pasado miércoles las defensorías presentaron el pedido de medidas cautelares por considerar que la exigencia de pasaporte, que se aplica desde el pasado 18 de agosto, vulneraba los derechos de los migrantes venezolanos debido a lo complejo que les resulta obtener este documento en su país.
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El canciller José Valencia manifestó incluso su confianza en que Naranjo comprendería los argumentos y mantendría al pasaporte como único documento válido para ingresar al país, algo que finalmente no ocurrió.
Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Santiago Chávez, consideró que la jueza ha actuado dentro de su competencia y se debe "respetar esa resolución", sin embargo, expresó que existe "una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas".
"Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta y tendremos que analizar los escenarios", expresó el funcionario.
De acuerdo con datos de la cancillería, 80% de venezolanos que ingresa al país lo hace portando su pasaporte, por lo que la exigencia derogada afectaba a 20% de los migrantes, quienes se arriesgaban a avanzar sin protección con el objetivo de llegar a Perú o Chile.
La ley ecuatoriana no permite la deportación ni considera a los extranjeros como irregulares, sea cual sea su condición migratoria; sin embargo Ecuador insta a los venezolanos a regular su situación dentro del plazo de 180 días establecido en la Ley de Movilidad Humana.
Entre enero y agosto han ingresado a territorio ecuatoriano 600.000 venezolanos, de los cuales 30% permanece en el país.
A inicios de agosto se registró una afluencia de 4.200 ciudadanos diarios por los cuatro puntos fronterizos, aunque ese número ha ido reduciéndose en los últimos días.