Todo ocurrió el pasado jueves 19 de julio cuando la Knéset —Parlamento israelí— aprobó por 62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones una propuesta desarrollada por diputados del partido Likud, de tendencia conservadora, liderados por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. La normativa refrendada viene a llamarse Ley del Estado Nación y tiene rango constitucional.
Netanyahu encabeza una coalición de seis partidos que ya es considerada la más derechista de la historia de Israel. Entre sus socios gubernamentales destacan los ultrarreligiosos y la extrema derecha. El veterano primer ministro se mostró muy ufano del voto, declarando que estaban viviendo "un momento clave en los anales del sionismo y del Estado de Israel".
Inicialmente el proyecto de ley recogía un párrafo en su artículo 7 que admitía la creación de "comunidades separadas" solo para judíos. Fue criticado como "discriminatorio" incluso por el presidente israelí, Reuven Rivlin. El jefe del Estado, que tiene unas funciones institucionales bastante reducidas, envió una inusual carta a la Comisión Constitucional del Parlamento que estaba trabajando en la elaboración del documento. "¿Estamos dispuestos, en nombre de una visión sionista, a tolerar la discriminación y la exclusión en función del origen?", se preguntaba Rivlin, quien también forma parte del Likud.
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De acuerdo a la nueva legislación, el árabe dejará de ser lengua oficial y pasará a tener un estatus especial pero inferior al actual. El único idioma del Estado será pues el hebreo. También se menciona que Jerusalén es la capital del país, se adopta oficialmente el calendario judío y se consagra a Israel como "el hogar nacional del pueblo judío".
Son aquellos que decidieron quedarse cuando se proclamó el Estado de Israel en 1948 y no se convirtieron en refugiados palestinos en tierras extranjeras como Líbano o Siria. Tienen sus propios delegados parlamentarios. Representan al 20% de la población israelí, que asciende a 8,5 millones de personas. Ahora se quejan más que nunca de ser ciudadanos de segunda categoría, porque consideran que la Ley del Estado Nación no hace más que confirmar legalmente una realidad dolorosa basada en la discriminación. Aseguran que no tienen los mismos derechos que los judíos, que no tienen las mismas facilidades para comprarse una casa o buscar educación para sus hijos.
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No solo han protestado los árabes. El famoso director de orquesta judío Daniel Barenboim lo hizo a través de una tribuna de prensa que fue publicada en el diario israelí Haaretz y otros rotativos internacionales titulada 'Hoy me avergüenzo de ser israelí'.
"Setenta años después, el Gobierno israelí acaba de aprobar una nueva ley que sustituye el principio de igualdad y valores universales por el nacionalismo y el racismo", escribía el artista oriundo de Buenos Aires. "Se trata de una forma muy evidente de Apartheid. No creo que el pueblo judío haya vivido 20 siglos, la mayor parte de ellos sufriendo persecución y soportando crueldades sin fin, para ahora convertirse en el opresor que somete a los demás a sus crueldades. Precisamente eso es lo que hace la nueva ley. Por eso, hoy me avergüenzo de ser israelí", añadió.
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Aunque algunas voces locales insisten en que la Ley del Estado Nación es meramente simbólica, lo cierto es que el espíritu que subyace debajo de la letra es peligroso, e impide que se resuelvan temas tan decisivos y urgentes para Oriente Medio como el futuro estatuto de Jerusalén o la permanencia de las colonias judías ilegales. Eso aleja aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, un proceso muerto desde hace años.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK