Sputnik ha recogido las reacciones de algunos políticos, activistas, líderes sindicales y sociales, así como de organizaciones defensoras de los derechos humanos que se sumaron en un reclamo contra la polémica reforma.
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La legisladora Paula Penacca, militante de Unidad Ciudadana, critica la iniciativa presidencial por realizarse sin que hubiera un debate en el Congreso y sin la intervención de especialistas u organizaciones de derechos humanos.
A lo mismo apunta el grupo de senadores de la coalición kirchnerista Frente para la Victoria (FPV-PJ), que anuncia que la medida debe ser debatida en el Congreso, ya que exige la modificación de varias leyes.
Juliana de Tullio, diputada por el Frente para la Victoria, llegó más lejos y definió la fecha de la firma del decreto como un "día negro para la Democracia y la Paz en nuestro país", llamando a todos los partidos de origen popular a frenar "esta locura" en el Congreso.
El exjefe de Gabinete de Ministros Alberto Fernández criticó la iniciativa del presidente e incluso lo comparó con el exdictador argentino Jorge Rafael Videla.
El activista pro derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, considera que la iniciativa de Macri "obedece a lo que EEUU exige de la Gobiernos serviles de América Latina".
La diputada Nilda Garré, por su parte, recuerda que las "aventuras similares en México y Colombia solo provocaron terribles baños de sangre".
Cristina Álvarez Rodríguez, diputada peronista, recordó un titular del New York Times en el que se refleja cómo una iniciativa similar en Brasil terminó en represiones políticas.
La influyente asociación civil Abuelas de la Plaza de Mayo también se pronunció contra el proyecto de reforma de la Alianza Cambiemos.
La organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) llamó a sus "seguidores a reforzar la unidad, la organización y la lucha" contra aquello que tacharon de "política represiva del Gobierno de Cambiemos".