"Reafirmamos que solo abordaremos otras agendas específicas en el diálogo nacional relacionadas con el proceso de democratización (…) una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia ejercidas en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho nuestro orden jurídico y constitucional", indicó Murillo, según publica el periódico local La Prensa.
Los tranques han sido instalados en distintos puntos del país como forma de protesta en contra del Gobierno.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, dijo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua "va a valorar seriamente la continuación en el diálogo nacional" con el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió que si este proceso se rompe, la historia los juzgará "por intransigentes, mentirosos y soberbios".
"No podemos seguir sentándonos con los representantes de un Gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y que continúa masacrando a la población civil", dijo monseñor Báez en la misa que ofició el 8 de julio, publicó La Prensa.
La violencia en el país comenzó el 18 de abril pasado cuando las autoridades reprimieron protestas opositoras.
El Gobierno de Nicaragua asegura que la violencia es promovida por sectores opositores, y denuncian la práctica de los tranques (bloqueos de vías y carreteras), que atenta contra la economía, el abastecimiento de bienes esenciales y el derecho al trabajo.
Hasta el pasado 2 de julio fallecieron 309 personas, según un informe de la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
El diálogo nacional entre representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica, opositores a la administración de Ortega, comenzó el 16 de mayo pasado, pero fue suspendido poco después por la Comisión de Mediación y Testigo de la Conferencia Episcopal, mediadora en esta instancia, por falta de consenso entre las partes.
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Sin embargo, el diálogo fue retomado el 15 de junio pasado luego de que la Conferencia Episcopal recibiera una respuesta del Gobierno a la propuesta de democratización que le había hecho.