En estos días, los argentinos vibran al vaivén de la cotización del dólar, con la misma intensidad —o incluso más— de la que sienten al ver un partido de selección nacional, pues la economía del país austral está altamente dolarizada.
La combinación de todos estos factores han traído a la boca de todos los argentinos tres letras que les provocan pesadillas y recuerdos de ajuste: FMI. A poco más de un mes de iniciadas las negociaciones con el organismo multilateral de crédito, el organismo 50.000 millones para atenuar el complicado escenario.
Para obtener el préstamo, el Gobierno suscribió un Memorándum de Políticas Económicas y Fiscales, "diseñado" por las autoridades argentinas "teniendo en cuenta [la] situación política, económica y social actual".
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El préstamo estará condicionado a una serie de metas que el Gobierno se comprometió a alcanzar, como la reducción del déficit fiscal, una baja de la inflación, la libre flotación del dólar y una política monetaria restrictiva. Para eso, el Gobierno argentino ha indicado la eliminación de subsidios a servicios públicos, la no contratación de empleados públicos y la supresión de algunos cargos, entre otras medidas.
Los 50.000 millones de dólares no serán concedidos a la ligera: el deberá someterse a un escrutinio constante del FMI. Día a día, Buenos Aires deberá transmitir al órgano los indicadores, particularmente ante el "desvío de las metas convenidas en los planos financiero y cambiario", según indica el portal Infobae.
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Cada trimestre, Argentina recibirá hasta 2.900 millones de dólares, salvo en el primer tramo, que tendrá 15.000 millones a disposición. Para culminar el cronograma de pagos en tiempo, el Gobierno está supeditado a una serie de restricciones, particularmente en lo que respecta a las tasas de interés o a los montos que destina para evitar volatilidades del tipo de cambio.
El Gobierno deberá informar a diario al equipo del FMI los datos financieros necesarios para verificar que está cumpliendo con el programa. Pero el control no se agota en esta instancia.
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Cada mes, además, Buenos Aires deberá proporcionar las hojas de balance del Banco Central, el registro de los pagos y repagos del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales, así como el detalle de la deuda pública y los depósitos en el sistema bancario.