"Hemos planteado una petición de informe oral al ministro de Gobierno (Carlos Romero); tenemos gran preocupación porque son varios los actos en Bolivia donde se ha utilizado canicas y él debe explicar si se está adoptando la misma estrategia de represión que en Venezuela", dijo Murillo, consigna la bancada Unidad Demócrata en la red social Twitter.
Una fuente de la presidencia del Senado, a cargo del oficialista Alberto Gonzales, dijo a Sputnik que esa oficina daría curso "sin objeciones" a la solicitud opositora.
Los opositores dijeron en su solicitud de informe que la muerte de un universitario de El Alto, por impacto de una canica de vidrio en una manifestación del 24 de mayo pasado, es el cuarto caso confirmado en el último quinquenio en que la policía utiliza esos proyectiles como instrumento de represión.
Más: Gobierno de Bolivia identifica a policía como autor de muerte de universitario
El Gobierno identificó y puso en manos de la justicia la semana pasada a un subteniente de policía como supuesto autor del disparo de una escopeta de reglamento cargada con una canica, que provocó la muerte del estudiante.
La referencia de Murillo a Venezuela aludía a la estrecha cooperación política entre el Gobierno de Evo Morales y la Revolución Bolivariana iniciada por Hugo Chávez y continuada actualmente por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Murillo y sus colegas de oposición dijeron que el uso de canicas podría ser "un método encubierto de represión que permita negar la responsabilidad de la policía".
Más: Se radicaliza conflicto universitario en Bolivia
Bajo ese argumento, plantearon que, además de la detención del indicado subteniente de policía, el Gobierno identifique a los jefes policiales u otras autoridades que ordenaron el uso de esos proyectiles.
La Universidad Pública de El Alto (UPEA), que lleva movilizada aproximadamente un mes en demanda de mayor subvención estatal, exige la renuncia o destitución del ministro Romero y la participación directa del presidente Morales en una negociación para poner fin al conflicto.
El paro que concluía el 5 de junio fue convocado por la UPEA en coordinación con juntas vecinales, sindicatos, transportistas y otras organizaciones de la ciudad altiplánica.
La UPEA, que tiene un presupuesto anual de unos 400 millones de bolivianos (unos 57 millones de dólares), demanda una subvención extraordinaria equivalente a la cuarta parte de ese monto para resolver problemas urgentes de deudas operativas.