"Conforme a la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de investigar y esclarecer los hechos violentos que tuvieron lugar del 18 de abril a la fecha (…) Las partes acuerdan constituir un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Derechos Humanos integrado por cuatro personas propuestas por la CIDH", dice el comunicado divulgado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
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Por otra parte, el Estado de Nicaragua "garantizará a los expertos y las expertas el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público de las investigaciones y causas penales iniciadas, el acceso a la información pública relacionada con los hechos y a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios, así como a la seguridad necesaria para realizar su trabajo", agrega la comisión dependiente de la OEA.
El 29 de mayo, Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno de Nicaragua cometió ejecuciones extrajudiciales e incurrió en empleo de grupos parapoliciales y uso letal de la fuerza al reprimir las manifestaciones opositoras que estallaron el 18 de abril.
Las protestas estudiantiles comenzaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró 10 días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, dijo a Sputnik la semana pasada la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.
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Pero las protestas se intensificaron a raíz de los cambios al sistema de pensiones que realizó el Gobierno y por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.
La CIDH brindó 15 recomendaciones al Estado de manera preliminar, entre ellas cesar la represión y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, y crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país.