"Ayer conversé con el abogado, lamentablemente no tengo la posibilidad de hablar con mi esposo y menos aún verlo, estoy en Kiev y puedo viajar libremente a Jersón, pero allí no tendré acceso al lugar donde lo mantienen", señaló Irina Vishínskaya durante la videoconferencia Moscú – Kiev "Arbitrariedad en Ucrania: las autoridades contra los periodistas".
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) irrumpió el 15 de mayo en la sede de la corresponsalía de RIA Novosti Ukraina en Kiev y llevó a cabo un registro que duró alrededor de ocho horas. El SBU arrestó al jefe del portal, Kiril Vishinski, al que acusó de alta traición y de haber apoyado a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL).
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Además, fueron registrados los domicilios de la corresponsal de RIA Novosti Ukraina, Liudmila Lisenko, y del responsable de la delegación de la agencia en este país, Andréi Borodín. Ambos periodistas fueron citados a declarar.
La portavoz del SBU, Elena Guitliánskaya, explicó que el servicio de seguridad investiga "una red de medios de comunicación controlados por Rusia" y utilizados en "una guerra híbrida contra Ucrania".
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Por su parte, la directora de la agencia de noticias Sputnik, Margarita Simonián, considera que el incidente ocurrido es un acto de venganza de Kiev por la construcción del puente de Crimea. Simonián destacó que el portal RIA Novosti Ukraina no está vinculado jurídicamente con la agencia Rossiya Segodnya, pero actúa como su socio informativo.
El Kremlin condenó las medidas del SBU respecto a los medios rusos y sus socios en Ucrania y espera que las organizaciones internacionales respondan de forma contundente a Kiev.
En las redes sociales fue lanzado el hashtag #TruthNotTreason —VerdadNoTraición— para mostrar apoyo a Vishinski.
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El representante para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Harlem Désir, se mostró preocupado por lo ocurrido y recordó a Ucrania que los países de la OSCE deben respetar la movilidad profesional de los periodistas.
La organización Human Rights Watch (HRW) coincidió con la OSCE y también expresó su "extrema" preocupación.