"Recibí, con incredulidad, las declaraciones de personalidades europeas que, habiendo perdido audiencia en casa, se otorgan el derecho de dar lecciones sobre el funcionamiento del sistema jurídico brasileño", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.
En la nota aseguraban que el ingreso a prisión "con prisas" del líder de la izquierda brasileña "sólo puede despertar nuestra emoción" y recordaban que el exmandatario fue un "incansable arquitecto de la reducción de las desigualdades en Brasil".
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También criticaron el proceso de "impeachment" contra la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), lo cual ya era una "preocupación seria", y pedían que la lucha anticorrupción no choque con la democracia.
"La legítima y necesaria lucha contra la corrupción no puede justificar una operación que cuestiona los principios de la democracia y el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes", decía el manifiesto en alusión a la detención de Lula.
"Al sugerir que se haga una excepción con el expresidente Lula esos señores promueven la violación del Estado de Derecho; ¿harían eso en sus propios países?", se pregunta, y añade: "Más que escamotear la verdad cometen un gesto prejuicioso, arrogante y anacrónico contra la sociedad brasileña y su compromiso con la ley y las instituciones democráticas".
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Lula (Partido de los Trabajadores) fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, y cumple condena desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (estado de Paraná, sur).
A pesar de estar preso es el favorito en todas las encuestas electorales y su partido lo mantiene como candidato oficial, aunque es poco probable que pueda presentarse.
La ley brasileña impide que un condenado en segunda instancia pueda concurrir a los comicios, pero la última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral a partir de agosto, cuando empiezan a registrarse las candidaturas de forma oficial.