"Buscaremos todas las vías legales disponibles para obtener plena y justa compensación por nuestras inversiones expropiadas en Venezuela", confirmó a esta agencia el director de relaciones con los medios de la compañía, Daren Beaudo.
Por entonces, bajo el mandato de Hugo Chávez (1954-2013), el Estado venezolano adquirió mediante una expropiación los activos de la petrolera en este país caribeño, luego de que esta se negase a migrar los contratos que tenía vigentes a un nuevo esquema de empresas mixtas con el Gobierno.
La CIC consideró que la terminación de los contratos suscritos durante la apertura petrolera de Venezuela violó los términos en los que se adquirieron.
Un día después de anunciada esta decisión, ConocoPhillips solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, (caso No. 18-cv-3716), el reconocimiento del laudo para poder proceder a su ejecución.
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La compañía no especificó si ya se hizo de activos de PDVSA en las islas Bonaire y San Eustaquio, como divulgaron algunos medios de prensa, pero señaló que trabajarán con las autoridades locales para enfrentar posibles problemas.
"Trabajaremos con la comunidad y las autoridades locales para abordar los problemas que puedan surgir como resultado de las acciones en ejecución de la decisión arbitral", señaló Beaudo.
En tal sentido, recalcó que cualquier impacto que puedan tener las medidas que se ejecuten son resultado de la expropiación de sus bienes.
"Cualquier posible impacto es el resultado de la expropiación ilegal de nuestros activos por parte de PDVSA y su decisión de ignorar el juicio del tribunal de la CIC. PDVSA debe cumplir de inmediato con el fallo de la CIC", acotó.
Hasta el momento, ni PDVSA ni el Gobierno venezolano se han pronunciado al respecto.