Las autoridades también prohibieron la venta o el uso de gasolina para vehículos, suspendieron por varios días los servicios de telecomunicaciones y cortaron el agua y la electricidad en la práctica totalidad de las zonas más orientales, incluyendo Rafah y Sheikh Zuwayed.
"Una operación antiterrorista que pone en peligro el flujo de bienes esenciales a cientos de miles de civiles es ilegal y difícilmente detendrá la violencia", señaló la directora de HRW para Medio Oriente y África del Norte, Sarah Leah Whitson.
Funcionarios egipcios niegan que haya una crisis alimentaria en la provincia. El 11 de marzo, el portavoz del ejército dijo que que los militares siguen "proporcionando convoyes de alimentos y abriendo varias instalaciones para vender alimentos y bienes y otras necesidades de vida a precios reducidos".
También el gobernador del Sinaí del Norte afirmó a finales de marzo que hay alimentos suficientes para seis meses en los mercados de la provincia.
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Sin embargo, vecinos locales y activistas consultados por HRW califican la situación como una crisis humanitaria.