Luego de la audiencia de formulación de cargos, la jueza María de los Ángeles Montalvo decidió dar inicio al juicio "en contra de Sergio G. y Eddy S. (concejales del Distrito Metropolitano de Quito), así como a Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L., altos funcionarios allegados al cabildo quiteño" y contra "Mónica G.", quien sería el nexo entre los demandados y los choferes, señala un informe de la fiscalía difundido el viernes.
Asimismo, se ordenó la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.
Montalvo aceptó el enjuiciamiento luego de conocer "varios elementos de convicción" presentados por la fiscalía para sustentar el caso, entre ellos, conversaciones telefónicas "en donde se presume que los hoy procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas".
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Según el Código Orgánico Integral Penal, los delitos de asociación ilícita y concusión se castigan con tres a cinco años de prisión, mientras que el enriquecimiento privado no justificado con siete a 10 años.
La investigación arrancó en enero pasado y durante allanamientos a 14 inmuebles se incautaron grandes sumas de dinero y otras pruebas.