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Entidades judías argentinas acusan a expresidente de encubrir a Siria en atentado a AMIA

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) sostuvieron que el expresidente Carlos Menem (1989-1999) actuó como "instigador" en su intento por eludir las supuestas responsabilidades de Siria en el ataque a la mutual judía AMIA.
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Menem fue "instigador" en el desvío de la llamada "pista siria", afirmaron las organizaciones, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

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La querella conjunta representada por estas dos organizaciones judías, las más importantes de Argentina, afirmaron que Menem intentó evitar que fuera investigado el ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul.

La AMIA y la DAIA también acusaron de encubrimiento al exjuez Juan José Galeano, magistrado que estuvo a cargo del primer juicio que investigó el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en el que perdieron la vida 86 personas.

El exmagistrado, según las organizaciones, no puso "el énfasis necesario que merecía" la investigación sobre Kanoore Edul y "se desvió a la ilegalidad tras un llamado de la Casa Rosada", sede del Ejecutivo gobernado en ese momento por Menem.

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Las entidades también acusaron al exjefe de inteligencia Hugo Anzorreguy, a su mano derecha, Juan Carlos Echezar, y al excomisario Carlos "Fino" Palacios de ser "partícipes necesarios" del presunto encubrimiento.

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Las instituciones de la comunidad judía no presentarán acusaciones por encubrimiento contra el exvendedor de automóviles, Carlos Alberto Telleldín.

El expresidente, el exjuez y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, están siendo juzgados por encubrimiento, sospechosos de haber pagado 400.000 dólares a Telleldín, mientras se hallaba detenido por el ataque a la mutual judía, para que incriminase a policías bonaerenses en el atentado.

El Ministerio de Justicia pidió en febrero seis años de prisión para Menem por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA.

En este juicio, en el que están procesadas 13 personas, se investigan las irregularidades que existieron durante el proceso inicial de la pesquisa, cuando se intentó averiguar quiénes eran los responsables del ataque, una operación en la que participaron jueces, fiscales y agentes secretos y policiales. 

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