"El pasado viernes [9 de marzo] (…) el gerente de la campaña [de la FARC, Jorge Federico Ramírez] informa al Banco de la necesidad de retirar de la cuenta el saldo disponible, argumentando que, de acuerdo con la Ley electoral (…) solo se podía hacer uso de tales depósitos hasta ese día", señaló una carta del Banco Agrario dirigida al CNE y al Fondo Nacional de Financiación Política.
En concreto, el Estado le giró a la FARC un total de 8.841 millones de pesos (unos 3,11 millones de dólares) para la financiación de su campaña electoral, pero el partido, según indicó en la carta el Banco Agrario, retiró entre el 1 y el 8 de marzo un total de 3.466 millones (unos 1,22 millones de dólares).
El dinero restante, aproximadamente 5.000 millones de pesos (1,76 millones de dólares), fueron retirados por la FARC el 9 de marzo, tras argumentar que solo tenían plazo hasta ese día para usar dichos dineros.
En diálogo con la emisora local W Radio, Jairo Estrada, director del comité político de la FARC, explicó que el dinero se retiró para pagar créditos que se habían asumido previamente para financiar la campaña, debido a que los dineros destinados por el Estado a la misma comenzaron a ser girados por el banco desde el 1 de marzo.
"Sería absolutamente ilegal gastar dineros de la campaña después de pasar las elecciones; quien menos está interesado en infringir las normas legales en materia de financiación de las campañas es el partido de la FARC, por las consecuencias que eso tendría para nosotros, pues tenemos que rendir cuentas, obviamente", precisó Estrada.
Aunque la FARC aún no explica por qué y para qué retiró ese dinero el 9 de marzo, el CNE señaló que todos los partidos deben reportar su informe de ingresos y gastos dos meses después de ocurrida la jornada electoral, lo cual se cumple el 11 de mayo próximo, por lo cual no se puede acusar a ese partido de haber cometido alguna ilegalidad.
La ley advierte que si el partido FARC no usa la totalidad de los dineros asignados por el Estado, la colectividad debe reintegrarlos.