La fiscalía explicó en un comunicado que rescindió los acuerdos de "Wesley Batista y Francisco de Assis e Silva, socio propietario y ejecutivo de J&F, respectivamente", porque ambos "omitieron de forma intencional hechos delictivos de los que tenían conocimiento al firmar los acuerdos con el Ministerio Público Federal".
Según las investigaciones, Miller, que fue apartado de la Procuraduría cuando salió a la luz su participación, recibió por los servicios prestados 700.000 reales (216.000 dólares) y consiguió beneficios penales "extremadamente ventajosos" para sus clientes, cuando en realidad no podía trabajar para ellos.
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Con la rescisión del acuerdo Batista y Assis e Silva dejarán de tener beneficios y tendrán que responder por todos los delitos de los que se los acusa, aunque antes el Tribunal Supremo Federal tendrá que dar su visto bueno.
Una de esas pruebas tuvo un amplio eco en Brasil el año pasado, pues se trataba de una grabación realizada por Batista en la que se podía a escuchar al presidente Temer dando su consentimiento al pago de sobornos y la realización de otras irregularidades para poner obstáculos a las investigaciones de la Operación Lava Jato.
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En base a esa y a otras pruebas, la fiscalía denunció a Temer por corrupción y pertenencia a organización delictiva en dos ocasiones, pero la Cámara de Diputados, encargada de autorizar una investigación contra el mandatario, decidió archivar las denuncias.