El Ministerio Público considera a Reznik culpable de un delito de asociación ilícita y blanqueo de capitales, por lo que solicitó al inicio del juicio que el diputado ruso sea condenado con una pena de prisión cinco años y seis meses.
En una breve conversación con los medios presentes en la Audiencia Nacional, Reznik se declaró inocente de los delitos que se le atribuyen y dijo confiar en la Justicia española.
Aunque la Audiencia Nacional tiene documentada actividad criminal relativa a 27 personas, solo 18 personas se sentaron en el banquillo de los acusados, ya que el resto se encuentra en busca y captura.
Entre las personas huidas destaca el presunto líder de la organización, Gennaduis Petrov.
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De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los integrantes de la mafia Tambovskaya Malyshevskaya controlaban desde sus domicilios en España las distintas "actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados".
Estas actividades —prosigue el escrito— generaban un "enorme rendimiento económico" que posteriormente era llevado a España, donde se habría elaborado un complejo entramado para blanquear el dinero procedente de las mismas.
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Tras casi una década de investigación sobre el caso, la Fiscalía concluyó, entre otras cuestiones, que Petrov mantenía "fuertes vínculos con el poder económico, político, judicial y policial en Rusia".
"De lo actuado se concluye que el Sr. Petrov utiliza la influencia del Sr. Reznik para que personas afines a la organización subordinada a aquél puedan ocupar puestos decisivos en la Administración rusa, haciendo llegar a las autoridades las peticiones de la organización e interviniendo en solucionar enfrentamientos con otros grupos delictivos", afirma la acusación.
La documentación presentada por la Fiscalía relata que Reznik servía "conscientemente" de vehículo para el afloramiento y blanqueo del "dinero derivado de la actividad criminal del Sr. Petrov".
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En concreto, el escrito narra que la operativa de Reznik en España "consistió en la adquisición de diversos inmuebles, vehículos y embarcaciones" que antes eran propiedad de Petrov, aunque tras la transacción seguían siendo utilizados por las mismas personas.
Uno de ellos, Mikhail Rebo, decidió mostrar conformidad con la petición del Ministerio Fiscal para aceptar una pena de dos años de prisión y 600.000 euros de multa.
Del mismo modo, la Fiscalía solicitó una pena menor para el acusado Leonid Khazine, pero con un atenuante por su disposición a colaborar con la Justicia, lo que redujo la petición a un año y siete meses de cárcel con multa de 26.000 euros.