"Las acciones realizadas tanto por el ELN como por la Fuerza Pública deben respetar las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario, incluyendo el principio de distinción y abstenerse de afectar a la población civil", señaló la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.
La Oficina subrayó "que los derechos humanos tienen vigencia todo el tiempo" y que su respeto "recae sobre todas las personas".
A principios de este mes, el Frente de Guerra Urbano Nacional, perteneciente al ELN, se adjudicó un atentado con bomba en una comisaría de Barranquilla (norte), el cual dejó cinco policías muertos y 41 más heridos, y otro contra una estación de policía que dejó media decena de policías heridos en el municipio de Soledad (Atlántico, norte).
El Gobierno y el ELN mantienen diálogos públicos de paz en Quito desde febrero de 2017, pero a raíz de una serie de atentados perpetrados por la guerrilla desde el pasado 9 de enero, luego de que ese día terminara un cese al fuego bilateral de 101 días, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció la suspensión de las conversaciones.
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Los diálogos buscaban poner fin a un conflicto armado de más medio siglo a través de un acuerdo similar al que el Gobierno alcanzó en noviembre de 2016 con la ahora extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.