El 4 de febrero la ciudadanía aprobó en las urnas el cese de sus funciones y dio paso a que sean reemplazados por un Consejo transitorio que deberá ser nombrado por el presidente Lenín Moreno a través de ternas enviadas al legislativo.
En el texto, el organismo justifica su decisión señalando que la única vía para destituir a los miembros del Consejo de Participación, que deberían estar en funciones hasta 2020, es "a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional" y no por un mecanismo diferente como la consulta popular, tal como acaeció en Ecuador días atrás.
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La tercera interrogante del plebiscito planteó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en cesar en sus cargos a los actuales miembros del Consejo y permitir que el Ejecutivo nombre un organismo transitorio hasta que en febrero próximo se escoja a un definitivo a través de comicios generales; 63% de la ciudadanía aceptó la propuesta.
Tras esta resolución, la Corte IDH deberá revisar los argumentos y definir si acepta o no el pedido de medidas cautelares a favor de los consejeros, que será de obligatorio cumplimiento para el país en caso de aceptarse.
El jefe de Estado justificó la inclusión de esta pregunta en la consulta popular debido a la lluvia de críticas que recibió el organismo desde su creación en 2009 por su falta de independencia y porque la mayoría de autoridades de control seleccionadas tenían una relación directa con el entonces presidente Rafael Correa.
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El Consejo de Participación tiene, entre otras funciones, la de designar a través de concursos de méritos y oposición al contralor, procurador, fiscal, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, integrantes del Consejo de la Judicatura, entre otros.