"Es una cláusula de vanguardia, que incluso va más allá de otros acuerdos internacionales firmados por México, en otros tratados comerciales", dijo Castañón a periodistas, tras el acuerdo contra la corrupción alcanzado el 29 de enero en Montreal, Canadá en el marco de la sexta ronda del TLCAN.
"Los tres países están obligados a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico", dijo Castañón.
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Esa exigencia está dirigida al Gobierno y las fuerzas políticas de México para que los titulares de las fiscalías y magistraturas de los tribunales del Sistema Nacional Anticorrupción —creado por una reforma constitucional de 2016— que permanecen acéfalas, sean designados para cumplir el capítulo contra la corrupción del tratado trilateral.
Además de tipificar el soborno y el enriquecimiento ilícito, la cláusula del TLCAN obliga a los tres países a establecer sanciones y mediadas de prevención de esos delitos, garantizar la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones.
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En el último año han estallado escándalos de corrupción de exgobernadores mexicanos, procesados, prófugos y encarcelados por multimillonarias malversaciones, para financiar campañas y el enriquecimiento personal.
La corrupción cuesta a México un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según analistas financieros, o al menos un 10% anual del presupuesto federal, unos 25.000 millones de dólares, según fuentes del Congreso.