"Seguiremos investigando hasta el último momento que termine la investigación complementaria y si ahí comienza el juicio, iniciaremos un juicio, estamos con un caso sólido", dijo Beltrán, quien reemplaza al extitular Raúl Cervantes, que renunció al cargo el 16 de octubre pasado.
Esas tres acusaciones responden a diez imputaciones hechas por la fiscalía del estado de Chihuahua, una de ellas por el desvío de más de 1.200 millones de pesos (más de 63 millones de dólares), contratos de obra o compra de bienes incumplidos o inexistentes.
La justicia de ese estado, ha documentado una red de funcionarios provinciales y nacionales del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para triangular esos fondos públicos a las campañas oficialistas del año 2016.
Al menos 15 exfuncionarios están detenidos en esa provincia gobernada una coalición opositora al PRI, entre ellos Alejandro Gutiérrez, ex secretario general de la dirección nacional del partido del presidente Enrique Peña Nieto.
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Las autoridades mexicanas han obtenido información en EEUU de que Duarte (sin relación con Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en prisión por otro multimillonario peculado), estaba hasta fin del año pasado en el estado de Texas, sur del país vecino.
La fiscalía electoral acusa al exmandatario de Chihuahua por malversar 14 millones de pesos (más de 700.000 dólares) de salarios transferidos a campañas políticas de su partido.
Aún falta que la PGR emita órdenes federales de ocho acusaciones más de las 11 solicitadas por la fiscalía de Coahuila
La investigación judicial de la malversación de fondos públicos para las campañas del oficialista PRI fue revelada el 8 de enero pasado por el Gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, quien derrotó al PRI en 2016.
El gobernador opositor al PRI, denunció además que su gobierno dejó de recibir 700 millones de pesos (36 millones de dólares) como una "retaliación política" por la investigación judicial.
Peña Nieto y el actual secretario federal de Finanzas, José Antonio González, sucesor de José Antonio Meade —precandidato presidencial del PRI-, han negado ese presunto castigo, que recortó fondos federales de los cuales gozó el gobierno provincial anterior de Duarte, en sumas mayores.
El mecanismo corruptor es similar al practicado por los exgobernadores del PRI en Veracruz, Javier Duarte, y en el caribeño Quintana Roo, Roberto Borge, procesados y encarcelados luego del que ese partido oficialista perdió las elecciones en julio de 2016.