"Es una mirada interesante y acertada que tiene que debatir la Justicia", señaló el funcionario en declaraciones a la local Radio Delta.
Horas antes, la expareja del fiscal fallecido, la jueza Sandra Arroyo Salgado, había planteado que la muerte del fiscal Alberto Nisman fuera declarada delito de lesa humanidad.
Desde el ámbito judicial, el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz apoyó esta misma tesis.
La misma opinión expresó el presidente de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), Agustín Zbar, que señaló a la agencia estatal Télam que la muerte de Nisman "está indisolublemente ligada a su tarea como fiscal de la causa AMIA, un crimen de lesa humanidad así declarado por la justicia".
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Nisman fue responsable entre 2005 y 2015 de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) encargada de esclarecer el atentado contra la mutual judía AMIA que en 1994 ocasionó la muerte a 86 personas.
A tres años de su muerte, el fiscal fallecido fue homenajeado por sus familiares y por amigos en el cementerio Israelita de La Tablada.
Contexto
Nisman fue hallado sin vida en su vivienda de Buenos Aires el 18 de enero de 2015.
En 2015, una autopsia realizada por los trece miembros del Cuerpo Médico Forense, bajo la órbita de la Corte Suprema, no observó indicios de la participación de una segunda o tercera persona en el fallecimiento del fiscal.
Pero la querella llevada a la justicia para investigar su muerte, representada por las dos hijas del fiscal, abogó desde el comienzo por la tesis del asesinato.
Esa hipótesis adquirió más fuerza a raíz de un informe de una junta interdisciplinaria de la Gendarmería (policía de fronteras con facultades policiales) entregado a la justicia el pasado 22 de septiembre, en el que se concluye que Nisman fue asesinado.
Cuatro días antes de morir, Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por supuesto encubrimiento de altos cargos iraníes acusados por la justicia argentina de haber planificado el atentado a la AMIA.
El fiscal apareció sin vida un día antes de tener que sustentar su denuncia ante el Congreso.
En la actualidad, la exmandataria y senadora está procesada por presunto encubrimiento por impulsar en 2013 un Memorándum de Entendimiento con Irán con el que se pretendía interrogar a funcionarios iraníes sospechosos de estar detrás del ataque.