"Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente", señaló Duque.
Al respecto, y en alusión a los desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC (convertida en partido político de izquierda) que realizan su proceso de reintegración a la vida civil, Duque señaló que "aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer" con las objeciones planteadas por el Gobierno a la Ley Estautaria.
"El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia", subrayó.
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La JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado) ha recibido desde su puesta en operación —hace un año- a más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, quienes han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
El anuncio de Duque esta noche implica que la Ley Estatutaria pase de nuevo por el Congreso, lo que retrasará su implementación, pese a que en semanas pasadas los países garantes del Acuerdo de Paz, Cuba y Noruega, así como varios sectores sociales y políticos, le pidieron que la sancionara de una vez para que pueda garantizarse la reparación a las víctimas del conflicto y se den garantías de reinserción social a los excombatientes de FARC.
Por otra parte, varios sectores políticos de Colombia se oponen a que Duque avale la ley estatuaria en su totalidad, entre ellos el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, y el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), máximo líder del partido oficialista Centro Democrático, al cual pertenece Duque.
Así también, porque el Gobierno considera que la Ley Estatuaria suspende "las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP", por lo que es necesario "definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden" para la Fiscalía General.
Las objeciones también se presentan contra un artículo por medio del cual se "renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables", lo que a juicio del Gobierno "constituiría impunidad".
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Al respecto agregó que objetó otro artículo más en relación con ese tema, ya que "condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo", lo cual "produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad".
Tras la alocución, la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, señaló a través de su cuenta de Twitter que ese tribunal "seguirá trabajando plenamente pese a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria".
Por su parte el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido tras la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016 y la posterior desmovilización de los excombatientes a mediados de 2017, aún no se pronuncia sobre las objeciones presentadas por Duque.
