Luego de la audiencia pública, ambas partes en litigio deberán entregar por escrito los alegatos finales el 8 de marzo, publicó la estatal Agencia de Información Paraguaya.
El Gobierno de Paraguay se defendió el 7 de febrero en una audiencia ante la Corte IDH luego de que la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) decidiera elevar a ese organismo la denuncia por supuesta desaparición forzada y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, líderes del movimiento político Patria Libre, y a quienes pide se le pague una indemnización.
Arrom y Martí denunciaron ante la CIDH que en 2002 fueron detenidos por agentes estatales que los interrogaron constantemente sobre sus actividades políticas y que los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, por la cual se exigía una alta suma de dinero para su liberación.
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Arrom, Martí y Victor Colmán fueron procesados por secuestro y extorsión en Paraguay actualmente están prófugos y en calidad de refugiados políticos en Brasil.
En la audiencia del 7 de febrero testificó por vídeo conferencia Arrom, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición, añade la agencia estatal paraguaya.
El procurador general, Sergio Coscia, afirmó que una de las principales acusaciones del informe de fondo de la CIDH fue la falta de una investigación diligente por parte del Ministerio Público.
Coscia afirmó que existen 13 tomos de la investigación fiscal, con declaraciones de los policías acusados y de los vecinos de las tres casas en las que denuncian Arrom y Martí que estuvieron retenidos.
Agregó que no se realizó el peritaje correspondiente a las evidencias que fueron recogidas de la casa en el día en que fueron encontrados sus clientes.
Arrom y Martí solicitan cada uno 50 millones de dólares al Gobierno paraguayo.
