La lucha contra las drogas de EEUU ha propiciado "una política intervencionista", señala un analista
La lucha contra las drogas de EEUU ha propiciado "una política intervencionista", señala un analista
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Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y en medio de las amenazas de emprender acciones terrestres para combatir a los cárteles, "queda... 26.01.2026, Sputnik Mundo
Esta semana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum llevó adelante dos de los operativos de gran envergadura en lo que va del actual sexenio: el traslado masivo a Estados Unidos de 37 presuntos narcos, así como la captura y posterior extradición del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, quien se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, acusado por la Justicia estadounidense de encabezar una red de tráfico de drogas.Ambos casos, que se dieron además durante la semana que el director del FBI, Kash Patel, visitó México para reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron interpretados por analistas como los más recientes ejemplo de la estrategia de contención del Gobierno de Sheinbaum ante una retórica cada vez más amenazante desde Washington.Sin embargo, pese a que la actual Administración republicana se ha mostrado particularmente asertiva con respecto a este tema, lo cierto es que está lejos de ser la única ocasión en que la política exterior de EEUU tiene un componente considerable vinculado al combate al narcotráfico. Expertos consultados por Sputnik señalaron que la invocación de la lucha contra el trasiego de estupefacientes ha sido utilizada como pretexto por Washington tanto como una estrategia geopolítica como para el control social interno.Para esta estrategia, el combate contra las drogas, tanto el consumo como su venta, ha servido desde hace décadas como un argumento para emprender intervenciones militares, conseguir concesiones económicas y endurecer políticas migratorias según los intereses políticos del momento.Antecedentes de la política antidrogasPara entender cómo ha evolucionado el funcionamiento de la política antidrogas estadounidense, vale hacer un poco de historia. La Ley del Opio de San Francisco, aprobada por las autoridades de esa ciudad californiana en 1875, fue la primera ordenanza de prohibición de estupefacientes en el país, sin embargo, su motivación no fue la salud pública.Dicha legislación fue una medida diseñada específicamente para perseguir a los inmigrantes chinos, vistos como una amenaza económica para la clase trabajadora, tras su desembarco a mediados de siglo atraídos por la Fiebre del Oro.La normativa no prohibía el consumo de opio en jarabes o tónicos, muy populares entre la población, sino que se limitaba a los "fumaderos", comunes entre la comunidad asiática. Esto permitió a la policía emprender redadas, facilitando arrestos masivos y deportaciones.A partir de 1970, con la declaración oficial de la "guerra contra las drogas" realizada por el Gobierno de Richard Nixon, EEUU, ya convertido en ese momento en una potencia, comenzó a expandir esta estrategia por todo el mundo, así como también dentro de su país para perseguir a los grupos que no respaldaban al presidente o a sus políticas, según explica para Sputnik el internacionalista José Ignacio Apoij, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR).Esto, ahonda el experto, le dio a Washington un cheque en blanco para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos con la excusa de la seguridad nacional. En la década de 1980 se hizo a través de la expansión en el extranjero de la DEA, la agencia creada justamente por Nixon para, oficialmente, combatir la distribución de la droga hacia los EEUU."La expansión de la DEA no solo fue policial, sino más que nada diplomática. La agencia se convirtió en una suerte de embajada paralela que dictaba reformas legales y penales en los países donde 'colaboraba', asegurando que las leyes priorizaran los intereses de seguridad estadounidenses por encima de las necesidades locales", dijo Apoi.El propio John Ehrlichman, uno de los asesores más cercanos del presidente Nixon, admitió la intencionalidad política detrás de la guerra a las drogas en una entrevista que dio en 1994 (y que, sospechosamente, recién vería la luz 22 años después).En ese sentido, el analista destaca que si un Gobierno no se alineaba con las directrices de la Casa Blanca, era etiquetado como un "narco-Estado", como ocurrió con la Panamá de Manuel Antonio Noriega o, más recientemente, la Venezuela de Nicolás Maduro, justificando desde sanciones económicas hasta invasiones militares o instalar gobernantes más amistosos con los intereses estadounidenses.Un mecanismo contra la migración"La política de la lucha contra las drogas también ha sido un mecanismo efectivo de EEUU para limitar la migración de manera indirecta. Al fomentar la militarización de las fronteras bajo la excusa del tráfico, se crean barreras físicas y legales que afectan principalmente a los migrantes pobres, la mayoría de las veces latinoamericanos", explicó.En este siglo, durante los Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, el discurso del narcoterrorismo permitió fusionar la política de drogas con la de seguridad fronteriza. El mandatario demócrata, que llegó al poder prometiendo una estrategia migratoria más empática, terminó siendo el jefe de Estado con más deportaciones en su haber, más de tres millones en ocho años, un récord de la historia del paísEn años recientes, esta estrategia se ha radicalizado, siendo uno de sus principales blancos México, con Washington utilizando el dramático problema que enfrenta EEUU con el consumo de drogas para forzar a los países de tránsito a actuar como "muros". Al respecto, las amenaza de imponer aranceles o poner en marcha procesos judiciales contra políticos locales ha sido la moneda de cambio para que países en la región acepten programas de "tercer país seguro" o desplieguen a sus Guardias Nacionales contra las caravanas migrantes.
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La lucha contra las drogas de EEUU ha propiciado "una política intervencionista", señala un analista
Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y en medio de las amenazas de emprender acciones terrestres para combatir a los cárteles, "queda claro que Washington sigue utilizando la misma estrategia para presionar a los Gobiernos latinoamericanos", dijo un experto a Sputnik.
Esta semana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum llevó adelante dos de los operativos de gran envergadura en lo que va del actual sexenio: el traslado masivo a Estados Unidos de 37 presuntos narcos, así como la captura y posterior extradición del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, quien se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, acusado por la Justicia estadounidense de encabezar una red de tráfico de drogas.
Ambos casos, que se dieron además durante la semana que el director del FBI, Kash Patel, visitó México para reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron interpretados por analistas como los más recientes ejemplo de la estrategia de contención del Gobierno de Sheinbaum ante una retórica cada vez más amenazante desde Washington.
Sin embargo, pese a que la actual Administración republicana se ha mostrado particularmente asertiva con respecto a este tema, lo cierto es que está lejos de ser la única ocasión en que la política exterior de EEUU tiene un componente considerable vinculado al combate al narcotráfico.
Expertos consultados por Sputnik señalaron que la invocación de la lucha contra el trasiego de estupefacientes ha sido utilizada como pretexto por Washington tanto como una estrategia geopolítica como para el control social interno.
Para esta estrategia, el combate contra las drogas, tanto el consumo como su venta, ha servido desde hace décadas como un argumento para emprender intervenciones militares, conseguir concesiones económicas y endurecer políticas migratorias según los intereses políticos del momento.
Antecedentes de la política antidrogas
Para entender cómo ha evolucionado el funcionamiento de la política antidrogas estadounidense, vale hacer un poco de historia. La Ley del Opio de San Francisco, aprobada por las autoridades de esa ciudad californiana en 1875, fue la primera ordenanza de prohibición de estupefacientes en el país, sin embargo, su motivación no fue la salud pública.
Dicha legislación fue una medida diseñada específicamente para perseguir a los inmigrantes chinos, vistos como una amenaza económica para la clase trabajadora, tras su desembarco a mediados de siglo atraídos por la Fiebre del Oro.
La normativa no prohibía el consumo de opio en jarabes o tónicos, muy populares entre la población, sino que se limitaba a los "fumaderos", comunes entre la comunidad asiática. Esto permitió a la policía emprender redadas, facilitando arrestos masivos y deportaciones.
A partir de 1970, con la declaración oficial de la "guerra contra las drogas" realizada por el Gobierno de Richard Nixon, EEUU, ya convertido en ese momento en una potencia, comenzó a expandir esta estrategia por todo el mundo, así como también dentro de su país para perseguir a los grupos que no respaldaban al presidente o a sus políticas, según explica para Sputnik el internacionalista José Ignacio Apoij, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR).
"De esta manera, Washington, que ya se veía como ganador de la Guerra Fría tras imponer una serie de dictaduras pro-EEUU en casi todos los continentes, comenzaba el proceso de reemplazar el narcotráfico por el comunismo como el nuevo enemigo público número uno", señala.
Esto, ahonda el experto, le dio a Washington un cheque en blanco para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos con la excusa de la seguridad nacional. En la década de 1980 se hizo a través de la expansión en el extranjero de la DEA, la agencia creada justamente por Nixon para, oficialmente, combatir la distribución de la droga hacia los EEUU.
"La expansión de la DEA no solo fue policial, sino más que nada diplomática. La agencia se convirtió en una suerte de embajada paralela que dictaba reformas legales y penales en los países donde 'colaboraba', asegurando que las leyes priorizaran los intereses de seguridad estadounidenses por encima de las necesidades locales", dijo Apoi.
El propio John Ehrlichman, uno de los asesores más cercanos del presidente Nixon, admitió la intencionalidad política detrás de la guerra a las drogas en una entrevista que dio en 1994 (y que, sospechosamente, recién vería la luz 22 años después).
"¿Quieres saber de qué se trataba todo eso [de la guerra contra las drogas]? La Casa Blanca de Nixon tenía dos enemigos: la izquierda y la comunidad negra. Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra ni ser negro, pero (...) podíamos arrestar a los líderes, allanar sus casas, disolver reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que mentíamos? Claro que sí", reconoció el exfuncionario estadounidense.
En ese sentido, el analista destaca que si un Gobierno no se alineaba con las directrices de la Casa Blanca, era etiquetado como un "narco-Estado", como ocurrió con la Panamá de Manuel Antonio Noriega o, más recientemente, la Venezuela de Nicolás Maduro, justificando desde sanciones económicas hasta invasiones militares o instalar gobernantes más amistosos con los intereses estadounidenses.
Un mecanismo contra la migración
"La política de la lucha contra las drogas también ha sido un mecanismo efectivo de EEUU para limitar la migración de manera indirecta. Al fomentar la militarización de las fronteras bajo la excusa del tráfico, se crean barreras físicas y legales que afectan principalmente a los migrantes pobres, la mayoría de las veces latinoamericanos", explicó.
En este siglo, durante los Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, el discurso del narcoterrorismo permitió fusionar la política de drogas con la de seguridad fronteriza. El mandatario demócrata, que llegó al poder prometiendo una estrategia migratoria más empática, terminó siendo el jefe de Estado con más deportaciones en su haber, más de tres millones en ocho años, un récord de la historia del país
En años recientes, esta estrategia se ha radicalizado, siendo uno de sus principales blancos México, con Washington utilizando el dramático problema que enfrenta EEUU con el consumo de drogas para forzar a los países de tránsito a actuar como "muros".
Al respecto, las amenaza de imponer aranceles o poner en marcha procesos judiciales contra políticos locales ha sido la moneda de cambio para que países en la región acepten programas de "tercer país seguro" o desplieguen a sus Guardias Nacionales contra las caravanas migrantes.
"El problema de fondo, que es el exorbitante consumo de drogas en EEUU y la falta de política públicas, se externaliza culpando a un otro extranjero. Hoy no son fumaderos chinos, sino los laboratorios mexicanos, pero el resultado el mismo: una política intervencionista que no cura las adicciones ni termina con los cárteles, pero sí busca el sometimiento geopolítico y ayuda a ganar votos", aseguró a Sputnik Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima.
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