México peleará legalmente para no pagar una millonaria indemnización a una empresa de EEUU
México peleará legalmente para no pagar una millonaria indemnización a una empresa de EEUU
Sputnik Mundo
El Gobierno de México anunció que buscará anular el fallo de un tribunal internacional a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga al país... 20.09.2024, Sputnik Mundo
2024-09-20T23:30+0000
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2024-09-21T08:03+0000
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En un comunicado oficial, se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entre 2016 y 2018 al proyecto "Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego", por lo que la empresa estadounidense inició un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).La obra, detalla el comunicado, consistía en un dragado marino en un área de 61.989 hectáreas con la finalidad de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas. Agregó que entre los socios se encontraban el panista y opositor Diego Fernández de Cevallos, y Alonso Ancira, empresario procesado por la Justicia mexicana en un caso de corrupción.Durante el proceso ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), México argumentó que el proyecto provocaría afectaciones ecológicas y aportó evidencia para demostrar la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, pues "su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos", afirmó el Gobierno mexicano.Junto con la Secretaría de Economía, se consideró que el tribunal internacional dio un "peso desproporcionado" a las declaraciones de dos exdirectivos de la Semarnat, quienes fueron presentados como testigos por parte de la empresa, y que declararon que la negativa al permiso ambiental se debió a "situaciones políticas".Sin embargo, la defensa del país latinoamericano señaló que los testigos incurrían en conflictos de interés "al recibir pagos cuantiosos" por dar su testimonio, lo cual no fue tomado en cuenta por el tribunal internacional, según el comunicado. Desde 2018, la Semarnat alertó sobre daños a diferentes especies y aseguró que cuenta con opiniones de científicos e investigadores."El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos", subraya el comunicado.
El Gobierno de México anunció que buscará anular el fallo de un tribunal internacional a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga al país latinoamericano a pagar una indemnización de más de 37 millones de dólares, por negar el permiso a un proyecto de dragado marino en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur (noroeste).
En un comunicado oficial, se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entre 2016 y 2018 al proyecto "Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego", por lo que la empresa estadounidense inició un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La obra, detalla el comunicado, consistía en un dragado marino en un área de 61.989 hectáreas con la finalidad de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas. Agregó que entre los socios se encontraban el panista y opositor Diego Fernández de Cevallos, y Alonso Ancira, empresario procesado por la Justicia mexicana en un caso de corrupción.
Durante el proceso ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), México argumentó que el proyecto provocaría afectaciones ecológicas y aportó evidencia para demostrar la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, pues "su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos", afirmó el Gobierno mexicano.
Junto con la Secretaría de Economía, se consideró que el tribunal internacional dio un "peso desproporcionado" a las declaraciones de dos exdirectivos de la Semarnat, quienes fueron presentados como testigos por parte de la empresa, y que declararon que la negativa al permiso ambiental se debió a "situaciones políticas".
Sin embargo, la defensa del país latinoamericano señaló que los testigos incurrían en conflictos de interés "al recibir pagos cuantiosos" por dar su testimonio, lo cual no fue tomado en cuenta por el tribunal internacional, según el comunicado. Desde 2018, la Semarnat alertó sobre daños a diferentes especies y aseguró que cuenta con opiniones de científicos e investigadores.
"El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos", subraya el comunicado.
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