Víctimas del golpe de 2019 piden al Gobierno de Paraguay la entrega de exministro prófugo
Víctimas del golpe de 2019 piden al Gobierno de Paraguay la entrega de exministro prófugo
Sputnik Mundo
Familiares de asesinados y heridos en las masacres cometidas tras el derrocamiento de Evo Morales reclaman al presidente, Santiago Peña, por dar refugio... 29.03.2024, Sputnik Mundo
El 5 de noviembre de 2020, a tres días de que asumiera la presidencia Luis Arce, huyeron de Bolivia dos ministros de la presidenta de facto Jeanine Áñez, quienes aún estaban en funciones. Luis Fernando López, titular de Defensa, se refugió en Brasil, donde lo acogió el entonces presidente Jair Bolsonaro. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, arribó a Estados Unidos, donde fue capturado y condenado a cinco años de prisión por conspirar para blanquear dinero de sobornos.López tuvo una suerte que todavía lo acompaña. En junio de 2023, perdida la protección de Bolsonaro tras la asunción de Luis Inacio Lula Da Silva como presidente, el exministro de facto abandonó Brasil y se escondió en Paraguay, donde comenzó a tramitar nuevamente su estatus de refugiado político.En diciembre de 2023 el presidente, Santiago Peña, avaló su refugio, por lo cual puede trabajar, conducir vehículos y disfrutar de su vida en esa nación. El Gobierno boliviano solicitó en enero de este año su extradición, ya que en Bolivia le esperan varias causas judiciales por corrupción y por haber participado del asesinato de más de 30 personas como máxima autoridad del Ministerio de Defensa.María Javier es abogada de las víctimas de la masacre de Sacaba, cometida el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, en la ciudad de Cochabamba. Ese día las fuerzas militares y policiales mataron a 11 personas, al amparo del decreto 4078 firmado por Áñez y López, entre otros, según el cual los uniformados no serían juzgados si disparaban a la población.En diálogo con Sputnik, Javier comentó que en Paraguay no existe el delito de "conducta antieconómica" endilgado en Bolivia a López, por lo cual no procedería la extradición. Sobre los crímenes cometidos gracias al decreto 4078 no tienen noticias en el país vecino, según la abogada paraguaya del exministro.Javier indicó que el equipo jurídico de las víctimas analiza posibilidades legales para lograr la extradición de López, quien también fue teniente del Ejército.La abogada lamentó que tanto Brasil como Paraguay hayan facilitado la estadía de un prófugo que debe responder por delitos graves: "Cuando están afectados los Derechos Humanos no debería haber favorecimiento a los responsables de vulnerarlos. Se trata de vidas humanas que han sido cercenadas por decreto, donde está la firma de López como ministro".Resaltó que esa firma "es una prueba clara por la cual él tiene que estar ante las autoridades judiciales y responder a sus acusaciones. Más de 30 personas han perdido la vida por el decreto 4078".Al contrario, "necesitamos la ayuda del presidente Peña para que tengan justicia nuestros hermanos asesinados, así como los hermanos que quedaron prácticamente con secuelas para toda su vida y no van a volver a ser las mismas personas de antes".Ante la falta de justicia por los crímenes cometidos cinco años atrás, los familiares de las víctimas analizan tomar medidas de presión. "En este momento estamos esperando a que se instalen los juicios para que sean sentenciados los responsables de las masacres", sostuvo la abogada.Un rol cuestionableLa defensora de López, la abogada Cecilia Pérez Rivas, fue representante de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) hasta diciembre de 2023. En este aspecto, a las víctimas en Bolivia les preocupa que "las organizaciones relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos no se pronuncien sobre este caso. Nos dejan a las víctimas en el abandono", opinó Javier.El caso de Pérez Rivas "debe ser evaluado por las instancias correspondientes de evaluar a un profesional en derecho, pues en nuestro trabajo estamos sujetos a normas que se deben cumplir. No se puede simplemente defender al asesino o al verdugo", sostuvo Javier.
Familiares de asesinados y heridos en las masacres cometidas tras el derrocamiento de Evo Morales reclaman al presidente, Santiago Peña, por dar refugio político a Luis Fernando López, ministro de Defensa durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez implicado en varios crímenes.
El 5 de noviembre de 2020, a tres días de que asumiera la presidencia Luis Arce, huyeron de Bolivia dos ministros de la presidenta de facto Jeanine Áñez, quienes aún estaban en funciones. Luis Fernando López, titular de Defensa, se refugió en Brasil, donde lo acogió el entonces presidente Jair Bolsonaro. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, arribó a Estados Unidos, donde fue capturado y condenado a cinco años de prisión por conspirar para blanquear dinero de sobornos.
López tuvo una suerte que todavía lo acompaña. En junio de 2023, perdida la protección de Bolsonaro tras la asunción de Luis Inacio Lula Da Silva como presidente, el exministro de facto abandonó Brasil y se escondió en Paraguay, donde comenzó a tramitar nuevamente su estatus de refugiado político.
En diciembre de 2023 el presidente, Santiago Peña, avaló su refugio, por lo cual puede trabajar, conducir vehículos y disfrutar de su vida en esa nación. El Gobierno boliviano solicitó en enero de este año su extradición, ya que en Bolivia le esperan varias causas judiciales por corrupción y por haber participado del asesinato de más de 30 personas como máxima autoridad del Ministerio de Defensa.
En diálogo con Sputnik, Javier comentó que en Paraguay no existe el delito de "conducta antieconómica" endilgado en Bolivia a López, por lo cual no procedería la extradición. Sobre los crímenes cometidos gracias al decreto 4078 no tienen noticias en el país vecino, según la abogada paraguaya del exministro.
"Dicen que en Paraguay no existe ese tipo de delito, pero en temas de Derechos Humanos deben privilegiarse los tratados internacionales suscritos por el Estado", dijo la abogada de las víctimas. López fue declarado en rebeldía por la Justicia de Bolivia en 2021.
Javier indicó que el equipo jurídico de las víctimas analiza posibilidades legales para lograr la extradición de López, quien también fue teniente del Ejército.
La abogada lamentó que tanto Brasil como Paraguay hayan facilitado la estadía de un prófugo que debe responder por delitos graves: "Cuando están afectados los Derechos Humanos no debería haber favorecimiento a los responsables de vulnerarlos. Se trata de vidas humanas que han sido cercenadas por decreto, donde está la firma de López como ministro".
Resaltó que esa firma "es una prueba clara por la cual él tiene que estar ante las autoridades judiciales y responder a sus acusaciones. Más de 30 personas han perdido la vida por el decreto 4078".
La representante de las víctimas aseguró: "vamos a seguir insistiendo. Pero nos preocupa y repudiamos la actitud del Gobierno paraguayo, por la falta de empatía que tiene hacia nosotros como víctimas".
Al contrario, "necesitamos la ayuda del presidente Peña para que tengan justicia nuestros hermanos asesinados, así como los hermanos que quedaron prácticamente con secuelas para toda su vida y no van a volver a ser las mismas personas de antes".
Ante la falta de justicia por los crímenes cometidos cinco años atrás, los familiares de las víctimas analizan tomar medidas de presión. "En este momento estamos esperando a que se instalen los juicios para que sean sentenciados los responsables de las masacres", sostuvo la abogada.
La defensora de López, la abogada Cecilia Pérez Rivas, fue representante de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) hasta diciembre de 2023. En este aspecto, a las víctimas en Bolivia les preocupa que "las organizaciones relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos no se pronuncien sobre este caso. Nos dejan a las víctimas en el abandono", opinó Javier.
"Es preocupante que tengamos estos profesionales, que conociendo la normativa en temas de Derechos Humanos se prestan a vulnerarlos", reflexionó.
El caso de Pérez Rivas "debe ser evaluado por las instancias correspondientes de evaluar a un profesional en derecho, pues en nuestro trabajo estamos sujetos a normas que se deben cumplir. No se puede simplemente defender al asesino o al verdugo", sostuvo Javier.
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